José Luis García Parra, coordinador del gabinete del Gobierno de Puebla, destacó los retos que enfrenta la administración actual para resolver el problema del sistema de transporte RUTA, heredado de los gobiernos anteriores. Durante la conferencia de prensa matutina, García Parra explicó que el sistema RUTA, que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, está bajo un “modelo de concesiones corruptas”, originado en 2013.
Este modelo, que compromete el recurso de los poblanos mediante Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), dejó una deuda encubierta, disfrazada de “obligaciones financieras”. El costo de finalizar el título de concesión del sistema RUTA asciende a 22,000 millones de pesos, cifra que pondría en peligro la viabilidad financiera del Estado si se optara por terminarlas. Según el gobierno estatal, con esos 22,000 millones de pesos, podría modernizarse completamente el transporte público en Puebla, incluyendo la renovación de las unidades y la actualización de los concesionarios.
Desde el inicio del sistema RUTA, se han pagado más de 4,000 millones de pesos por un modelo que los gobiernos anteriores, especialmente de partidos de derecha, estructuraron para beneficiar a pocos con grandes rentas, lo que ha generado un gran rechazo por parte del actual gobierno.
Además, se abordó otro tema crítico que afecta a los poblanos: la concesión del agua, que también fue otorgada en 2013. El gobierno estatal afirmó que le costaría más de 7,000 millones de pesos recuperar el control del servicio de agua, que fue entregado a empresas privadas. García Parra señaló que los legisladores de Movimiento Ciudadano y el PAN votaron a favor de quitar el agua a los poblanos, y subrayó que esas mismas voces ahora critican al gobierno por intentar corregir esos “abusos”.
José Luis García Parra también se refirió al trabajo que está realizando el gobierno para poner orden, lo que, según él, está generando resistencia por parte de aquellos que se beneficiaron de las prácticas corruptas del pasado. “Lo que les molesta es que vamos a frenar los negocios ilegales que afectaban al pueblo”, aseguró.
En cuanto a los presidentes municipales, el coordinador de gabinete hizo un llamado contundente: aquellos que permitan actos delictivos en sus demarcaciones, serán considerados cómplices y responsables por omisión, advirtiendo que nadie, ni autoridades locales ni ciudadanos, estará por encima de la ley en Puebla.
