La ya frágil relación diplomática entre China y Japón se encuentra en su punto de mayor tensión en años, luego de que las declaraciones de la nueva primera ministra japonesa, la ultranacionalista Sanae Takaichi, sobre Taiwán encendieran las alarmas en Pekín.

En una medida que subraya la gravedad de la situación, la Embajada de Japón en Pekín emitió un inusual aviso de seguridad el lunes, instando a sus ciudadanos en China a extremar las precauciones en la calle, evitar grandes concentraciones y ser discretos en sus palabras y actitudes.

El detonante de la crisis fueron los comentarios de Takaichi hace aproximadamente dos semanas, cuando sugirió ante el Parlamento que una operación militar de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas japonesas en apoyo a la isla. La primera ministra argumentó que esta acción podría ampararse bajo una situación de “legítima defensa colectiva” para Japón, dada la proximidad geográfica de Taiwán.

Pekín, que considera a Taiwán parte inalienable de su territorio, calificó estas palabras como una “provocación directa” y una violación al derecho internacional, convocando de inmediato al embajador japonés para protestar formalmente.

La respuesta de China ha ido más allá del terreno verbal:
• Maniobras militares: El régimen chino desplegó maniobras con fuego real en el Mar Amarillo, prohibiendo la navegación civil en la zona como una muestra de fuerza en medio de la escalada.
• Contragolpe diplomático: China también emitió una alerta a sus propios ciudadanos, aconsejándoles evitar viajar a Japón en el futuro cercano, lo que ha generado preocupación en el sector turístico nipón.
• Implicaciones culturales y económicas: Medios estatales chinos han sugerido que las “provocaciones” de Tokio podrían afectar la percepción pública de las películas y productos japoneses, insinuando un posible boicot.

Ante el riesgo de que la disputa se torne más oscura, el gobierno japonés ha enviado a un alto representante a Pekín para intentar rebajar la tensión. Ambos países han manifestado que sus gobiernos respectivos tienen la intención de proteger la seguridad de los ciudadanos extranjeros en sus territorios.