En el war room de los abogados y voceros de los Jenkins de Landa debe haber preocupación porque van de descalabro en descalabro. En su estrategia, las primeras semanas del año serían cruciales para intentar hacer creer que en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se vive un conflicto social debido a que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretendía quedarse con los casi 730 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins -y que la familia envió a paraísos fiscales-, además de ser el principal causante de los perjuicios por el cierre de la universidad por 7 meses, estimados en 200 millones de pesos mensuales.
Para eso se valieron del PAN que, a través del Yunque y directivos de la UPAEP, dieron la orden para legisladores locales y federales, así como la dirigencia estatal panista y los gerentes que tienen secuestradas a las cámaras empresariales comenzaran una andanada que justificara las marchas, plantones y bloqueos. Todo eso no funcionó. Es más, varios estudiantes de la Udlap marcharon sin saber a ciencia cierta la razón del problema.
Solo bastó una instrucción del Juzgado Segundo de lo Civil para que la rectora Cecilia Anaya Berríos recibiera el campus cholulteca para que se les hiciera bolas el engrudo. Del “Barbosa se quiere quedar con el dinero”, pasaron a “el gobierno quiere recuperar el dinero para el estado”. Del #UdlapLIbre y “liberen el campus” terminaron en la exigencia de que se cumplieran las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil. Más aún, en una comparecencia por escrito, Anaya Berríos reconoció que la solución al conflicto de la universidad pasaba forzosamente por la defensa de la familia Jenkins de Landa. Sus mentiras fueron cayendo una a una.
Ahora están en un nuevo brete, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito -sí, el mismo al que estaban acogidos- declaró improcedente el juicio de amparo presentado por los abogados de los Jenkins de Landa en contra de la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado del Puebla de nombrar a un nuevo patronato en la Fundación Udlap y contra el Juzgado 24 de la Civil en la Ciudad de México que avaló la intervención del campus y dar la administración a los nuevos patronos. En otras palabras, Horacio Magaña sigue siendo el presidente patrono de la Fudlap y tiene a su cargo la administración de la institución.
Como los estatutos de esa fundación establecen que los patronos son los mismo de la Fundación Jenkins, entonces, Magaña encabeza ambas. De ahí que tenga la personalidad jurídica para ordenar a Cecilia Anaya que reciba el campus y reinicie con las actividades. Bueno, todo es válido siempre y cuando el Juzgado 60 de los Civil en la Ciudad de México no emita una nueva resolución. Este juzgado será el encargado de analizar el fondo del asunto: ¿Los Jenkins son idóneos para encabezar una fundación de la que se les acusa de defraudar? El asunto está más interesante que nunca. Ahora solo falta por conocer cuál será la nueva mentira, pretexto, cochupo, chicanada o acción leguleya por parte de los abogados de los Jenkins para reactivar la vida en la Udlap.
