El tiempo terminó por darle la razón al gobernador Miguel Barbosa Huerta: La Policía Municipal de la capital es una cueva de delincuentes. Tuvieron que irse Claudia Rivera Vivanco y Lourdes Rosales Mendoza, encargada de la dependencia, para confirmar que ambas oscilaron en su gestión en tres posibles escenarios: 1) eran rehenes de la mafia enquistada en la corporación; 2) estaban coludidas con ellos, o 3) en la loca batalla contra el gobierno del estado por el tema de seguridad, Rivera y Rosales no tuvieron otra opción que atrincherarse a pesar de saber que sus aliados eran unos delincuentes, pero eran los únicos que podían ayudarlas a enfrentar los embates de Casa Aguayo. La podrida condición de la Policía Municipal quedó en evidencia por la actual secretaria de Seguridad Ciudadana municipal, Consuelo Cruz Galindo, quien reveló que la aparición de tres supuestas narcomantas en contra del edil Eduardo Rivera Pérez, en realidad habrían sido colocadas por elementos de la corporación que están siendo investigados y se resisten a perder el control de la misma. El asunto es gravísimo porque una y otra vez se denunció que esa mafia ofrecía protección a las bandas de narcomenudistas que tomaron a los mercados municipales como sus centros de operaciones. Incluso, las denuncias fueron acompañadas por cifras oficiales que coincidían en la inacción de los cuerpos policiacos para combatir a la delincuencia organizada desperdigada por el municipio. La versión de Cruz Galindo también deja entrever lo difícil que ha sido para ella y para el alcalde de Puebla deshacerse de las lacras que cobijó su antecesora y que, a su vez, heredó de gobiernos panistas, entre ellos el del propio Rivera Pérez. Ahora, el yunquista debe enfrentar un problema que durante su gestión dejó pasar y con el paso del tiempo se convirtió en una bola de nieve en su contra. La mejor muestra de inacción por parte del edil es que en su gestión anterior no tocó ni con el pétalo de una investigación a las bandas que coexistieron por décadas en la denominada Maldita Vecindad, la casona que era el epicentro de los líderes mafiosos más importantes dedicados al robo a transeúntes, trata de personas, narcomenudeo y el control del comercio informal. Desde hace más de un año, Miguel Barbosa alzó la voz y puso en evidencia la corrupción en la Policía Municipal, pero Claudia Rivera y su grupo de inútiles se rasgaron las vestiduras y fueron a acusarlo al gobierno federal. ¿Qué ganó Rivera Vivanco? Que el entonces secretario de Seguridad Ciudadana federal y hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se decantara a favor de la alcaldesa, pero esa decisión fue la peor que pudo tomar en contra del estado de Puebla. La posibilidad de que el gobierno del estado tomara el control de la seguridad en la capital hubiera agilizado la lucha contra la inseguridad, se tendría una mayor control para blindar a la capital y extender esa protección a la zona conurbada. Hoy, Alfonso Durazo está enfrentado las presiones de ser gobierno y lidiar contra la delincuencia, mientras que Rivera Vivanco anda por ahí diciendo que es la mejor opción de Morena para la gubernatura. En la Policía Municipal sigue la misma mafia y Miguel Barbosa tenía razón en sus denuncias.
Preguntas por contestar
¿Quién en su sano juicio defendería públicamente a un grupo de sujetos que están siendo investigados por lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación, uso de recursos de procedencia ilícita, entre otros muchos? ¿Quién convocaría a la defensa de esos sujetos a través de movilizaciones, el pago de desplegados y uso de redes sociales sabiendo que hay pruebas monumentales sobre sus actividades delictivas? Así de ridículo y soez es lo que han hecho los gerentes que tienen secuestradas a las cámaras empresariales y que se han montado en el caso de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap). Las denuncias de esos comerciantes, entre ellos el diseñador gráfico Alberto Furlong, dirigente de la Coparmex Puebla, coinciden justo con los argumentos jurídicos de los abogados para defender a la familia Jenkins de Landa y que está siendo investigada por defraudar a la Fundación Mary Street Jenkins por casi 730 millones de dólares. Para salir a defender a presuntos delincuentes se necesita tenerles mucho amor o ser sus cómplices o encubridores. No hay más.
