Empresarios como Marco Antonio Prósperi y Rubén Rodríguez Furlong, siguen empecinados en utilizar las cámaras empresariales que dirigen como ariete para atacar al gobierno del estado, al colgarse del conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
El último ataque fue protagonizado por el líder de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo de Puebla (Canaco), Marco Antonio Prósperi, quien subió a sus redes sociales un audio donde acusó que no se han acatado las resoluciones judiciales para restablecer la universidad a la rectora Cecilia Anaya Berrios.
El empresario sostuvo que el problema no se ha resuelto además por falta de “voluntad política”, en referencia al gobierno estatal, pero omite señalar que la rectora Cecilia Anaya ya fue emplazada por el Juzgado Segundo de Distrito para recibir el campus a través de un juez desde el pasado 11 de febrero, cita a la que se negó a acudir.
Aún con este antecedente y a las órdenes de aprehensión local y federales giradas contra la familia Jenkins, a causa del desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins por 720 millones de dólares, Prósperi Calderón exigió que la restitución del campus se realice al patronato “legítimo”.
“La falta de voluntad política refleja la ausencia de un estado de derecho al no acatar las resoluciones judiciales que instruyen la restitución del campus al patronato legítimo, lo cual ha afectado la imagen y prestigio del estado a nivel nacional e internacional”, dijo el empresario.
Su argumento recae en un falso discurso, pues ya hay un fallo del Juzgado Tercero de Distrito que otorgó la suspensión definitiva a favor de Margarita Jenkins como presidenta del patronato Fundación Universidad de las Américas Puebla (Fudlap), y estableció que la responsable de recibir el campus es Cecilia Anaya, en su calidad de rectora interina.
La mentira respecto a que la universidad está “secuestrada” por el gobierno del estado –discurso que han utilizado empresarios y la ultraderecha poblana–, cayó al mismo tiempo que la rectora reconoció en un escrito de comparecencia ante el Juzgado Segundo de lo Civil, que la solución al conflicto para liberar la universidad recae en el reconocimiento de la familia Jenkins como los patronos legítimos de las Fundaciones Mary Street Jenkins y Udlap, es decir, sólo cederán la apertura de la universidad si recuperan el control de ambas fundaciones previamente saqueadas con apoyo de los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.
En recientes días, otro empresario que se ha colgado del movimiento #UdlapLibre para atacar al Poder Ejecutivo, es el líder de Coparmex, Rubén Rodríguez Furlong, quien dijo “solidarizarse” con la comunidad universitaria ante las protestas que han mantenido para pedir la reapertura del campus.
Sin embargo, su pronunciamiento, más allá del discurso de solidaridad, sucede en el contexto de la disputa que sostiene con el gobernador Miguel Barbosa, luego de que semanas atrás, en un evento donde fue ungido como líder de Coparmex, intentó desairar al mandatario junto con otros empresarios, al exigirle la devolución del campus de la Udlap.
Pero para el gobernador, las acusaciones de este séquito de ultraderecha merecieron unas palabras: “Lo más rancio de la derecha está en la Coparmex, lo más añejo, y no cooperan con nada, punto, ni para cuestiones de salud. Hoy el gasto de salud es de 11 mil millones ¿Qué nos han dado?, ni un cubrebocas, y luego dicen que lo han hecho”, dijo desde el pasado 13 de enero.
