La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará una revisión integral del marco legal que regula los casinos físicos y digitales, luego de que autoridades mexicanas y extranjeras detectaran una red internacional de lavado de dinero que operaba a través de casas de apuestas, algunas vinculadas con empresarios nacionales, entre ellos Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la legislación actual es insuficiente frente al auge de las apuestas digitales, lo que ha permitido que estos espacios sean utilizados con fines ilícitos.

“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital… muchos casinos digitales. Es fundamental actualizar la norma y reforzar la supervisión financiera y tecnológica”, expresó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La presidenta aseguró que las investigaciones se realizan “con sustento legal y pruebas sólidas, sin trasfondo político”, y reconoció la participación de organismos internacionales en el intercambio de información sobre movimientos financieros irregulares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, rastrea operaciones vinculadas a una red que habría utilizado casinos y plataformas de apuestas para mover recursos de origen ilícito, mediante prestanombres, empresas fachada y criptotransacciones.

Sheinbaum adelantó que su administración trabaja con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación para proponer cambios legales que fortalezcan los controles sobre el sector. Entre las medidas contempladas se incluyen mecanismos obligatorios de verificación de usuarios, reportes automáticos de operaciones inusuales y un registro público de licencias.

“El objetivo es claro: que el juego, en cualquiera de sus modalidades, se mantenga dentro de la legalidad y no sea una vía para el lavado de dinero ni para el financiamiento de actividades criminales”, puntualizó la jefa del Ejecutivo.

La red de casinos investigada habría operado en distintos estados del país y formaría parte de una estructura financiera con ramificaciones en América Latina y Estados Unidos. Hasta el momento, Hacienda ha bloqueado 13 establecimientos y congelado cuentas relacionadas con el caso.