Publicado originalmente por Julio Núñez e Indigo Domínguez en El País, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:

El prelado Rafael Zornoza está acusado de agredir sexualmente a un menor en los años noventa mientras dirigía el seminario de Getafe. Es la primera vez en España que se conoce un caso de abusos que afecta al jefe de una diócesis.

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: [email protected]. Si es un caso en América Latina, la dirección es: [email protected].

El Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presuntamente agredir sexualmente a un menor de manera continuada durante los años noventa, cuando el prelado era sacerdote en Getafe y dirigía el seminario de la diócesis. La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio de Doctrina de la Fe relatando los hechos y reclamando que se tomaran medidas. EL PAÍS ha tenido acceso al documento y fuentes eclesiales han confirmado el inicio de las pesquisas. Es la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia.

Las normas eclesiásticas indican que cuando hay una denuncia contra un obispo por un caso de pederastia, el responsable sobre el que recae la investigación es el arzobispo metropolitano del que depende el acusado. En este caso —ya prescrito ante la justicia civil—, sería el arzobispo de Sevilla, responsable de la provincia eclesiástica en la que se engloba el obispado gaditano. Este periódico ha intentado contactar este domingo sin éxito con Rafael Zornoza para conocer su versión. Además, EL PAÍS también ha hablado con la responsable de comunicación de la diócesis gaditana para conocer la valoración del prelado, pero a la hora de cierre de esta edición, este diario no ha recibido respuesta.

“Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, dice el denunciante en las primeras líneas de su misiva. Acusa al actual obispo de Cádiz de haber abusado de él de los 14 a los 21 años. Los hechos se remontan a 1994, cuando Zornoza tenía 45 años y dirigía el seminario mayor de la diócesis de Getafe, creada solo tres años antes tras la división de la archidiócesis de Madrid en varios obispados.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, aparece detallado en la carta del denunciante, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los abusos denunciados ―tocamientos, caricias en partes íntimas y besos en la boca― también tuvieron lugar en convivencias y campamentos.

Las agresiones se alargaron, según el relato del afectado, hasta que este cumplió los 21 años, a comienzos de la década de los 2000. Cuando el denunciante cumplió la mayoría de edad, ingresó en el seminario mayor. “Al mismo tiempo, le reconocí mi homosexualidad. Rafa me permitió acceder al seminario y me llevó a una terapia de conversión para curar mi homosexualidad”, explica en la misiva el antiguo seminarista. En los dos años que pasó en ese seminario, asegura, Zornoza se metía en su cama “casi todas las noches y mañanas” para besarle y tocarle sus partes íntimas. “En varias ocasiones reclamé a Rafa que aquello que hacíamos no estaba bien. Él siempre me decía que era una amistad íntima”, escribe el denunciante. También le decía que “malinterpretaba su amistad”.

El exseminarista explica que Zornoza “tenía una alta capacidad de manipulación” sobre él. “Sabía absolutamente todo de mí y yo me fiaba ciegamente de lo que me decía”, escribe. “Otro ejemplo de capacidad de manipulación y control sobre mí eran las confesiones”, prosigue. En ellas, el denunciante señala que tenía un gran sentimiento de culpa “y él me hacía ver que yo no era capaz de amar ni entender una amistad”. “Tras confesarme de mis actos homosexuales yo me iba a la cama y a los pocos minutos él se metía en mi cama y me acariciaba”, afirma.

El relato de la víctima desprende que, además de las agresiones sexuales, el ahora prelado utilizó su posición de poder para engañarle, abusar de él y culpabilizarle de lo que sucedía. “Me convenció de entrar al seminario y me dijo que ‘mi herida’ (así se refería a mi homosexualidad) no me dejaba ver las cosas y que confiara en él. También me convenció de ir a un psiquiatra dos veces por semana para curar mi herida, mi homosexualidad. Ni mi homosexualidad ni que iba a terapia me permitió compartirlo con nadie, ni con mis padres, familia o amigos […]”.

Cuando abandonó el seminario, explica la víctima en su carta, no era consciente de haber sufrido abusos y fue unos años después, mientras recibía terapia, cuando entendió que Zornoza le agredió sexualmente. “Cuando tenía 32 años le escribí un mail donde le decía que abusó de mí. Nunca recibí respuesta y, desde ese día, jamás volvió a ponerse en contacto conmigo”, dice el afectado.

Este año, detalla el afectado, quedó con el actual obispo de Cádiz. “Esta vez en persona le volví a decir que había abusado de mí desde los 14 hasta los 21 años. Simplemente me dijo que nunca fue su intención, aunque me reconoció la manipulación y abusos”, escribe en la misiva.

En los siguientes pasos previstos en la investigación eclesiástica, el tribunal que instruirá el caso toma declaración al acusado, víctima (o víctimas) y a posibles testigos o personas informadas de los hechos. A esto se le conoce como investigación previa, que una vez concluida se envía al Vaticano. Después se decide si abrir o no un procedimiento que finalizará con un juicio canónico y una sentencia. La resolución se envía a Doctrina de la Fe para ser ratificada.

Caso inédito en España

Es la primera vez que se conoce en España que la Iglesia ha abierto una investigación contra un obispo por una acusación de abuso de menores. En otros países como Perú, el primer cardenal del Opus Dei, Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, fue apartado por el Papa Francisco en 2019 tras una acusación de pederastia, según ha revelado este periódico este año. Era un caso ya prescrito sin recorrido judicial. En EE UU, en cambio, el cardenal Theodore McCarrick fue juzgado tanto en un proceso penal como en otro canónico. En este último, el papa Francisco le expulsó del estado clerical. Un tribunal estadounidense lo sentó en el banquillo, pero nunca pudo juzgarle debido a su avanzada edad (más de 90 años) y por padecer demencia. Murió en abril de 2025.

Zornoza nació en 1949 en Madrid y fue ordenado sacerdote en la misma ciudad en 1975. Comenzó como vicario parroquial en San Jorge, bajo las órdenes de Francisco José Pérez y Fernández, párroco que luego ocuparía el cargo de obispo auxiliar de Madrid y primer obispo de Getafe.

En los años ochenta, Zornoza ocupó varios cargos relevantes en el episcopado de Madrid y ya en los años noventa, tras la desmembración de la archidiócesis madrileña, se incardinó en la nueva diócesis de Getafe como secretario de su primer obispo. En 1994, ocupó el puesto de director del seminario y en 2005 fue nombrado obispo auxiliar de Getafe. Durante ese periodo, según aparece en la web de la Conferencia Episcopal Española (CEE), estuvo implicado en la pastoral de juventud, creó medios para la formación de jóvenes y fue promotor de actividades de tiempo libre. De hecho, fue el fundador de la Asociación Juvenil Llambrión y de la Escuela de Tiempo Libre Semites. En 2011, el papa Benedicto XIV lo ascendió a obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación con las Iglesias. Anteriormente, fue presidente de la Comisión Episcopal del Clero (2017-2020). También ha sido miembro de la Comisión Episcopal para seminarios y Universidades. Recientemente, se ha conocido que la CEE ha apartado al director de la Pastoral Penitenciariatras ser acusado de abusar de un menor a comienzos de los años 2000. De momento, en el caso de Zornoza no hay constancia de que la CEE haya tomado aún una medida similar. Es más, el prelado ha seguido desempeñando su agenda con normalidad: dando misa en la catedral hasta este domingo, firmando cartas pastorales, oficiando confirmaciones y visitando colegios. Está previsto que a mediados de mes acuda a Madrid para participar en la plenaria de los obispos para votar acerca de temas relevantes en la Iglesia española.

La opacidad de la diócesis de Cádiz

La diócesis que dirige Zornoza es de las más opacas sobre la gestión de los casos de pederastia. Desde que EL PAÍS comenzó su investigación sobre los abusos en la Iglesia en octubre de 2018, este obispado se ha negado siempre a dar información de los casos que conoce. Este periódico accedió a unaauditoría interna de la CEE de 2023 donde aparecía un listado de los casos, entre los que figuraban cuatro denuncias que había recibido la diócesis de Cádiz. Pero además, en el informe del Defensor del Pueblo presentado en 2023 se suma un caso más. En total, este periódico ha contabilizado cinco casos en los que siete sacerdotes diocesanos están acusados de agredir sexualmente a 19 víctimas.

Las fechas de los delitos, según la documentación de la auditoría, van desde el 2005 a 2010. En dos de los casos los delitos no estaban prescritos y las víctimas seguían siendo menores cuando denunciaron internamente. Pero la diócesis no lo comunicó a las autoridades como le obliga la ley. En la documentación interna, el obispado se justifica afirmando que las víctimas se negaron a hacerlo.

De los cuatro casos que figuran en la auditoría, la Iglesia considera tres probados y uno lo tilda de “denuncia falsa o infundada”. Por otro lado, la diócesis ofreció pagar tratamiento psicológico a siete de las víctimas: el coste de terapia para cinco de ellas fue en total de 21.847 euros (por unos dos años de atención) y para las otras dos, de 18.710 euros en cada caso. Los pederastas que seguían vivos en el momento de la denuncia fueron expulsados del estado clerical.

Este caso eleva a 1.568 los acusados conocidos por pederastia clerical en España y a 2.954 las víctimas, según la base de datos de EL PAÍS, la única disponible a falta de una contabilidad oficial. En la investigación de este periódico también figuran 61 obispos, arzobispos o cardenales españoles acusados de haber tapado, silenciado o encubierto casos de pederastia en sus diócesis. En esa lista figura también Rafael Zornoza por no comunicar a las autoridades, tal como indica la ley, dos casos de abusos que la diócesis recibió en 2010 contra dos sacerdotes por abusar de al menos 16 menores. Denuncias que gestionó internamente: expulsó a los pederastas y ofreció costear el tratamiento psicológico a los afectados.

El encubrimiento como síntoma

El encubrimiento es uno de los puntos claves para entender el escándalo de los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. Es lo que explica que, más allá de los cientos de casos y miles de víctimas, había un método de actuación de la jerarquía eclesial para tapar el asunto, en ocasiones desde el mismo Vaticano. El papa Francisco reformó las normas canónicas en 2019 para endurecer las penas por proteger a los pederastas y silenciar a las víctimas. Pero la Iglesia española mira hacia otro lado. Preguntada en numerosas ocasiones por este tema, la dirección de la CEE siempre se remite a que no hay ninguna investigación abierta y se niega a responder por qué no se investiga a la decena de obispos y cardenales aún vivos bajo sospecha de encubrir abusos sexuales.

Algunos de estos prelados siguen participando en las votaciones donde la CEE toma decisiones, entre otras cuestiones, sobre la gestión de la pederastia en su seno. En las plenarias de los últimos años, por ejemplo, los obispos han arremetido contra las investigaciones periodísticas, como la de EL PAÍS, contra el informe del Defensor del Pueblo (que en su estudio de 2023 incluyó un sondeo que permitía estimar 440.000 víctimas en las últimas décadas), contra la propia auditoria que encargó al despacho Cremades & Calvo-Sotelo y también contra el Gobierno, que el año pasado aprobó un plan para reparar a los afectados con un fondo donde también colaborase la Iglesia. No solo eso, el plan del Ejecutivo también preveía que un organismo independiente investigase cada caso, tanto de abuso como de encubrimiento, lo que permitiría un registro oficial con nombres de acusados, fechas y lugares.

Los obispos se han negado a esta propuesta en numerosas ocasiones, a la que ha tildado de “juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y porque supone, según ellos, “un señalamiento público” del Estado. Por su parte, la CEE constituyó hace ocho meses un modelo propio de reparación (el PRIVA), pero que ha hecho agua: de las 2.002 víctimas reconocidas por la Conferencia Episcopal en sus informes, poco más del 2% (no llega al medio centenar), han sido reparadas.

El Gobierno, por el otro lado, no ha cumplido su promesa de hace dos años de reparar a los afectados, realizar un acto de reconocimiento público de Estado y modificar la ley para hacer imprescriptibles estos delitos por la vía civil. El mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a ello durante su discurso de investidura en 2023. Las víctimas están cansadas, señalan las principales asociaciones a este periódico, y exigen una solución. Este martes, de hecho, se reúnen con el equipo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para conversar sobre el siguiente movimiento del Ejecutivo: ofrecer un nuevo plan a los obispos para colaborar conjuntamente en el pago de las indemnizaciones.