Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha sido incluido en una lista creciente de figuras públicas mexicanas a quienes se les ha revocado la visa estadounidense. La medida, es el resultado de una investigación por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La investigación está vinculada a actividades ilícitas de contrabando de combustible y lavado de dinero, en las que se han identificado empresas con vínculos en Sonora y Baja California. Estas empresas, operadas en conjunto con Fernando Farías Laguna, exmarino prófugo y señalado por encabezar un esquema de robo y tráfico de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal, presuntamente realizaban importaciones simuladas de combustible y movimientos transfronterizos de dinero.
Fuentes federales confirmaron que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para negar el acceso migratorio a individuos investigados por delitos financieros o vinculados con el crimen organizado. La medida resalta el creciente enfoque de Washington sobre los vínculos políticos y empresariales con actividades ilícitas en la frontera norte.
Aunque Alfonso Durazo Chávez y su padre, el gobernador de Sonora, no han emitido declaraciones oficiales al respecto, la medida ha generado tensiones en el ámbito político sonorense. Además, las empresas vinculadas al hijo del gobernador y los movimientos transfronterizos de capital están ahora bajo el scrutinio público.
La revocación de visas por parte de las autoridades estadounidenses se ha vuelto frecuente en los últimos meses, y esta acción hacia Durazo Chávez se suma a una serie de sanciones recientes que incluyen a empresarios y políticos como Jesús González Lomelí, vinculado al Cártel de Sinaloa, y figuras de Baja California como la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres Torres. Este patrón refleja el creciente control de Washington sobre los flujos financieros y la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
Aunque aún no se ha determinado si la investigación derivará en acciones penales en México o en Estados Unidos, la revocación de la visa marca un punto de quiebre en la relación entre los empresarios y políticos mexicanos con la justicia estadounidense. Los movimientos económicos y vinculaciones ilícitas entre política y negocios serán el foco de análisis en los próximos meses.
