Por tercera semana consecutiva, la revista Proceso se convirtió en el órgano de difusión para la campaña de la familia Jenkins de Landa, sus voceros y la ultraderecha poblana en contra del gobierno del estado. La publicación dedicó sus planas a acusar que el detrimento hacia la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) por la falta de actividades escolares se debió a la intervención del gobernador Miguel Barbosa y no al desfalco de 720 millones de dólares de la familia Jenkins.
Tras dedicar la semana pasada cuatro planas exclusivas a una entrevista con el abogado Virgilio Rincón Salas —uno de los principales responsables por el desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins y Fudlap—, la revista Proceso cedió nuevamente sus páginas a señalar, con argumentos imprecisos, que el gobernador Miguel Barbosa es el responsable de causar “daños millonarios” a la Udlap después de siete meses desde la toma de las instalaciones.
Sin embargo, el único argumento que toman en cuenta para justificar la idea general de la nota es la opinión personal de un grupo de estudiantes y docentes azuzados por la rectora Cecilia Anaya para impedir el ingreso a la universidad cholulteca hasta que se cumpla su exigencia de regresar el patronato Mary Street Jenkins a sus primeros propietarios.
En el texto –exponen- el ciudadano Ricardo Nevarez tramitó una demanda colectiva contra el gobernador Miguel Barbosa por los problemas ocasionados a la comunidad estudiantil durante los siete meses de cierre, pero en todo momento evitan consignar que la toma de la universidad derivó, en primer lugar, por las órdenes de aprehensión locales y federales giradas contra los Jenkins.
En su lugar, la revista Proceso prefirió utilizar el discurso de la victimización para señalar sin bases que, por culpa del mandatario, alumnos han sufrido cuadros de ansiedad y depresión, que tanto docentes como estudiantes dejaron dentro del campus sus pertenencias y que quedaron varados más de 300 proyectos de investigación.
Además, manifestaron que se han presentado retrasos en los procesos de titulación, se perdió una derrama económica de 300 millones de pesos y frenaron las prácticas de laboratorios.
El texto únicamente hace referencia al desfalco provocado por los Jenkins para justificar que los docentes y alumnos no están defendiendo a la familia por el delito cometido, pues aseguran que “si cometieron algún ilícito tendrán que ir a la cárcel”.
La realidad es que el pasado viernes 11 de febrero, la rectora interina de la Udlap, Cecilia Anaya Berrios, fue omisa al no presentarse a la entrega del campus a través de un juez civil del estado de Puebla quien por medio de un emplazamiento formal le entregaría los bienes inmuebles de la institución.
La académica únicamente emitió un comunicado a través de redes sociales en el que nuevamente se escudó en que el citatorio del Juzgado Segundo de lo Civil carecía de sustento jurídico al ser promovida por el patronato que preside Horacio Magaña, mismo que se han negado a reconocer pese a que fueron modificados los integrantes de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en el estado de Puebla.
“Estaremos informando de los avances de la recuperación legal que, en términos de lo dictado por el Juez Tercero de Distrito Civil con residencia en Puebla, ordenó desde el mes de julio de 2021, fundamentada ésta en la suspensión provisional, hoy definitiva, que ordena la restitución del campus, siendo éste la única vía legal procedente para este efecto”, justificó la rectoría que preside Cecilia Anaya.
