En 2022, la criminóloga Lucy Jiménez Castilla, perito en Análisis de la Fiscalía General del Estado, declaró en la Carpeta de Investigación que tenía todas las pruebas para incriminar a Javier López Zavala como autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.

Tres años después, durante las audiencias celebradas entre el lunes y el martes de esta semana, terminó contradiciéndose y respondiendo el interrogatorio de los abogados del exsecretario de Gobernación con evasivas del tipo “no sé”, “no me consta”, “no entiendo su pregunta” y “repítamelo de nuevo, por favor”.

Ante esto, la jueza tuvo que llamarla al orden: “Ponga atención, por favor. Usted es una profesional”.

Lo que iba a ser una audiencia de pruebas contundentes se convirtió en una comedia de confusiones, pues la perito no exhibió las sábanas que demostrarían la colusión entre López Zavala y los supuestos asesinos materiales.

En su lugar mostró un cuadro de Excel lleno de imprecisiones y lagunas, ya que no se adjuntaron los mensajes escritos y de voz que supuestamente tenía la parte acusadora. Tampoco aparecieron los cruces de llamadas ni la geolocalización que demostraría que los autores materiales estuvieron en el lugar de los hechos.

Incluso, admitió que no encontró ninguna llamada realizada durante el periodo que le pidieron investigar.

Cuando fue detenido Javier López Zavala, en junio de 2022, trascendió que la Fiscalía había obtenido autorización de un juez federal para ‘espiar’ los teléfonos de los imputados y obtener las pruebas de su colusión. Sin embargo, ninguna de esas supuestas pruebas fue exhibida.

La perito admitió que pidió información a Telcel para integrar la sábana, pero en su lugar sólo mostró un cuadro de Excel.
Jiménez Castilla compareció los dos días de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde.

Durante una de las audiencias quedó demostrado que en los días posteriores al feminicidio de Cecilia Monzón fue sembrado un celular, propiedad supuestamente de López Zavala, en la casa de Jair, su sobrino, uno de los tres imputados. Dicho teléfono resultó ser propiedad de Margarita Morales Cázares, quien nada tiene que ver con esta trama.