María Guadalupe Martínez, una mujer indígena otomí, que vivía en Temoaya, madre de dos niños que tras años de una relación plagada de violencia y abusos con el padre de sus hijos, se separó, solicitó pensión alimenticia y custodia de los menores.
A partir de ese momento, fue acusada por la actual pareja de su ex compañero sentimental de tres delitos: abuso sexual, tentativa de feminicidio y finalmente secuestro; después de un proceso plagado de irregularidades, ésta última acusación (secuestro), culminó con una sentencia condenatoria 50 años.
En México, el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo un desafío estructural que refleja las profundas desigualdades de género. A pesar de los avances legislativos y la creación de instituciones especializadas, las mujeres enfrentan obstáculos sistemáticos que limitan su capacidad para buscar y obtener justicia, particularmente en casos de violencia de género, discriminación y violaciones a los derechos humanos.
Las mujeres en México enfrentan barreras que van desde la falta de recursos económicos hasta la estigmatización social y la desconfianza en las instituciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, el 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea física, sexual, emocional o económica. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de estos casos son denunciados y una fracción aún menor resulta en una resolución judicial favorable.
Uno de los principales obstáculos es la falta de acceso a servicios legales. Las mujeres en situación de pobreza, que representan una proporción significativa de la población, enfrentan dificultades para costear representación legal o incluso para trasladarse a los centros de justicia. En áreas rurales o marginadas, la situación se agrava debido a la escasez de infraestructura judicial y a la falta de personal capacitado con perspectiva de género e intercultural.
En casos de violencia de género, el sistema judicial mexicano a menudo perpetúa la revictimización. Las mujeres que denuncian agresiones enfrentan actitudes misóginas por parte de las persona funcionarias públicas, cuestionamientos sobre su credibilidad y procesos burocráticos que desalientan su continuidad.
Otro factor crítico es la falta de representación femenina en los espacios de toma de decisiones. Aunque ha habido un aumento en la participación de mujeres en los poderes judiciales y sus áreas administrativas, los cargos de alto nivel, siguen siendo predominantemente ocupados por hombres. Esta disparidad influye en las políticas y prioridades del sistema, que a menudo no consideran las necesidades específicas de las mujeres.
Además, las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan barreras adicionales. La discriminación interseccional, que combina género, etnia y clase social, limita aún más su acceso a la justicia. La falta de intérpretes en lenguas indígenas y la lejanía de los tribunales agravan esta exclusión.
A pesar de este panorama, México ha dado pasos importantes hacia la igualdad en el acceso a la justicia. La creación de fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres y la implementación de protocolos para juzgar con perspectiva de género e intercultural son avances significativos. Sin embargo, estos esfuerzos se ven opacados por la falta de presupuesto, la corrupción y la impunidad generalizada.
La justicia no puede ser un privilegio, debe ser un derecho accesible para todas las personas y para ello se requiere un enfoque integral que combine reformas legales, capacitación con perspectiva de género, mayor presupuesto y un cambio cultural que combata la discriminación. En un país donde la violencia de género es una emergencia nacional, cerrar esta brecha de desigualdad es una deuda urgente que México debe saldar.
