A través de una audiencia celebrada en Casa de Justicia, el Poder Judicial declaró culpable a Fidel N. por el ataque con ácido contra su expareja, Esmeralda Millán, catalogado como intento de feminicidio.
Este caso marca la segunda sentencia condenatoria por este tipo de delitos en América Latina y la primera en Puebla, después del caso del agresor de Carmen Sánchez, quien ya cumple una pena de 46 años de prisión.
El crimen cometido por Fidel N. ocurrió el 2 de diciembre de 2018, cuando arrojó un cubo de ácido sobre Esmeralda, mientras la mujer caminaba con su madre, causándole daños irreparables en su rostro y cuerpo.
La mujer sobreviviente expresó su satisfacción ante el veredicto del tribunal, aunque aún desconoce la cantidad de años que el agresor pasará tras las rejas, toda vez que la sentencia final se dictará el próximo 18 de marzo.
“Estoy feliz y contenta porque a final de cuentas se me va a hacer justicia a pesar de cuántos años llevo luchando, que así le den 40 o 50 años no me va a regresar la Esme que fui, la seguridad que tenía, pero puede haber un cambio para la sociedad y que no vean los hombres que pueden estar libres causando tanto daño”, declaró.
Según información proporcionada por la Fundación Carmen Sánchez, la representación legal de la víctima junto con la Fiscalía General del Estado han requerido una condena de 43 años de cárcel por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas contra la madre de la víctima, quien también resultó herida por quemaduras.
Después de este resolutivo contra el agresor de Esmeralda, la activista Carmen Sánchez, quien también fue víctima de un ataque similar, expresó su gratitud por su lucha para castigar a su agresor.
“Quiero agradecer a Esme por su valentía y perseverancia. Hace cinco años nos conocimos y juntas hemos logrado alcanzar lo que parecía imposible. Tus palabras, ‘Donde tú vayas, yo voy, y si tú tienes, yo tengo’, permanecen grabadas en mi memoria”, expresó.
Yareli Ruiz, abogada de las víctimas, indicó que hay agradecimiento por el trabajo en favor de las dos afectadas, por lo que sólo estarán a la espera de la sentencia que dicte el Tribunal.
“Estamos contentas por todo el trabajo que se realizó por las víctimas, en la fiscalía, por parte de todos los testigos, de los peritos, que realmente ejecutaron todo lo que debían de decir”, dijo fuera de Casa de Justicia.
El 8 de febrero, Puebla se convirtió en el primer estado en aprobar la Ley Malena, que califica como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustantiva corrosiva, estableciendo penas de hasta 40 años de prisión.
La Ley Malena lleva el nombre de María Elena Ríos, una saxofonista originaria de Oaxaca, quien fue víctima de un ataque con ácido perpetrado por el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.
La ley tiene como metas principales ofrecer cuidados médicos especializados a las víctimas de violencia con ácido, asegurar apoyo psicológico completo y rápido, sensibilizar a la sociedad sobre la seriedad del problema y fomentar transformaciones culturales que eliminen estas conductas.
EL CASO ESMERALDA MILLÁN
Esmeralda enfrentó una cruel pesadilla luego de rechazar múltiples veces continuar una relación sentimental. Una mañana, al salir de su casa en Misiones de San Francisco junto a su madre, tres hombres comenzaron a seguirlas, luego apareció uno más.
Durante el forcejeo, uno de ellos, identificado como Fidel N., le arrojó ácido en el rostro, causándole graves heridas en la cara, cuello, brazos y manos, incluso afectando su garganta y esófago.
A partir de ese día, Esmeralda ha emprendido una ardua batalla hacia la recuperación, sometiéndose a numerosas cirugías y enfrentando las secuelas físicas y emocionales del ataque.
Este proceso ha sido acompañado por una lucha legal para evitar que su caso quede impune y para impulsar cambios legislativos que protejan a las víctimas de ataques similares.
Carmen Sánchez y Esmeralda Millán han luchado juntas por la aprobación de la Ley Malena en Puebla, un paso crucial en la protección de las víctimas de estos actos atroces que ya es castigado de 26 a 40 años de prisión.
