No puedo dejar de pensar en el gran libro de Erich Maria Remarque. O en Jhonny tomó su fusil, de Dalton Trumbo al pensar en cómo quedaremos en relación con el ejército al final de este sexenio. AMLO prometió sacar a los militares de las calles y les ha entregado el país. El legado de Andrés Manuel López Obrador en relación con el militarismo en México ha sido ampliamente discutido y analizado, destacándose por una creciente participación de las fuerzas armadas en diversos aspectos de la vida civil y gubernamental, incluyendo la gestión de grandes obras públicas, el manejo de trenes, aerolíneas. Un giro notable respecto a las políticas tradicionales, marcando el sexenio de López Obrador con una huella indeleble de militarización en la administración pública.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia es la asignación del Tren Maya y otros proyectos de infraestructura clave a la gestión militar. La decisión de poner estos proyectos bajo el control de las fuerzas armadas refleja no solo la confianza del presidente en el ejército y la marina como instituciones capaces de llevar a cabo estas megaobras con eficiencia y transparencia, sino también una expansión significativa del rol del sector militar en funciones que tradicionalmente han sido civiles.
Pero también el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha estado rodeado de controversias desde su concepción, incluyendo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), decisiones sobre la ubicación y diseño, y el manejo de recursos. Una crítica central ha sido la decisión de entregar la construcción a las Fuerzas Armadas, lo que ha generado debates sobre la transparencia y el costo final del proyecto. Además, la ubicación del AIFA, su accesibilidad y la capacidad de manejar el volumen de tráfico aéreo previsto siguen siendo puntos de discusión.
La Refinería Dos Bocas ha experimentado un aumento significativo en sus costos, pasando de 47.200 millones de pesos a 153.600 millones. Este incremento se atribuye a la urgencia del gobierno por completar el proyecto antes del fin de su mandato, lo que ha llevado a iniciar obras sin una planificación completa. Aunque inaugurada, aún no refina petróleo, con proyecciones indicando que podría costar más de 25.000 millones de dólares y no empezar operaciones comerciales hasta el último trimestre de 2027.
Mexicana de Aviación, gestionada por la Secretaría de la Defensa Nacional prevé ser subsidiada hasta 2028, con pérdidas estimadas en más de 2,300 millones de pesos entre 2024 y 2029. Los recursos para cubrir el déficit financiero provendrán del erario, sumando a la inversión inicial necesaria para comenzar sus operaciones. Se espera que la aerolínea alcance un punto de equilibrio en 2029, con ganancias proyectadas gracias a ingresos de carga aérea.
La creación del Centro Militar de Inteligencia, por otro lado, subraya una profundización en la influencia militar dentro de la esfera de la seguridad y la inteligencia nacionales. Este movimiento ha sido interpretado por algunos analistas como una estrategia para consolidar un gobierno con fuertes tintes castrenses, marcando una desviación de la ruta democrática hacia un modelo en el que el poder militar adquiere una relevancia sin precedentes en la gobernanza del país.
Críticos y académicos han señalado que este legado militarista de López Obrador no solo perpetúa políticas de administraciones anteriores, sino que también profundiza la militarización de la vida pública en México. La integración de la Guardia Nacional al Ejército es otro punto de inflexión que consolida la presencia militar en la seguridad pública, una medida que ha generado debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. El debate es crispado, y necesario.
López Obrador será recordado por una notable expansión del rol de las fuerzas armadas en la administración pública y la vida civil de México. Mientras él insiste que esto ha traído orden y eficiencia a proyectos críticos y al combate a la inseguridad, la mayoría expresamos preocupación por las implicaciones que esto tiene para la democracia y los derechos humanos en el país.
Además del incremento en la participación de las fuerzas armadas en diversas áreas de la administración pública y proyectos de infraestructura, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador también ha sido marcado por desafíos significativos en materia de seguridad. A pesar de las promesas de pacificación y las estrategias implementadas para combatir la violencia y el crimen organizado, México sigue enfrentando altos niveles de violencia y una presencia formidable de carteles del narcotráfico en diversas partes del país.
La violencia no ha disminuido de manera significativa en varias regiones, y los grupos criminales mantienen, e incluso han expandido, su control sobre territorios estratégicos, incluyendo zonas urbanas, rurales y, preocupantemente, sitios de importancia cultural y turística como algunas zonas arqueológicas. Estos grupos no solo se dedican al tráfico de drogas sino también a una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y el saqueo de recursos naturales, lo cual afecta profundamente la vida cotidiana de las comunidades y el desarrollo económico de las regiones afectadas.
El estado estado mexicano y sus instituciones se encuentran avasalladas, en un desafío constante que revela las limitaciones de una estrategia de seguridad que, a pesar de la militarización, no ha logrado pacificar el país ni reducir de manera contundente el poder y la influencia de los carteles del narcotráfico. Urge replantear las políticas de seguridad y buscar soluciones más integrales que aborden las raíces sociales, económicas y políticas de la violencia y el crimen organizado en México. Esa debería ser la prioridad de Claudia Sheinbaum si gana la presidencia, pues de lo contrario no hay país ni instituciones que sobrevivan. Ni siquiera la democracia que tanto nos ha costado.
