El titular de Educación aclaró que la situación que guarda hoy el campus de la universidad no fue generada por algún litigio interpuesto por el gobierno del estado, sino que viene de un asunto que se dirime en instancias legales desde hace años.
Ante la embestida que mantiene la familia Jenkins de Landa y la ultraderecha de Puebla por el caso de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la Secretaría de Educación del estado dejó en claro su posición frente al conflicto por el campus: no puede intervenir en algo que no está en su posesión.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez, aclaró que la situación que guarda hoy el campus de la universidad no fue generada por algún litigio interpuesto por el gobierno del estado, sino que viene de un asunto que se dirime en instancias legales desde hace años.
“Este problema tiene antecedentes, viene de años atrás, no fue provocado por este gobierno o esta secretaría, hay partes en litigio y el caso está en tribunales, aunque quisiera esta secretaría intervenir no puede estar por encima de las resoluciones de los tribunales”, expuso.
Y es que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aprovechó la presencia del titular de Educación en Puebla para preguntar sobre las medidas que han tomado para solicitar la reapertura del campus y el retorno de los estudiantes y personal administrativo a las actividades presenciales.
La diputada local por el distrito de Cholula, Aurora Sierra Rodríguez, expuso que la situación en la que se encuentra la universidad “ha puesto en jaque la estabilidad de más de 10 mil familias” de los municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
“Aunque sabemos que conflicto está en manos de las autoridades judiciales pertinentes deseamos saber qué ha hecho para responder a la incertidumbre que ha puesto en jaque a la estabilidad más de 10 mil familias”, interrogó Sierra Rodríguez.
Ante esto, Lozano Pérez enfatizó que el gobierno del estado no se encuentra involucrado tanto en el conflicto jurídico como en el aseguramiento de los inmuebles por parte de las autoridades judiciales.
“Es importante señalar que el gobierno no es parte de este conflicto porque luego se hacen aseveraciones en general de que devuelvan, no se puede devolver lo que no se tiene las facultades o se tiene en posesión, además es una institución de carácter privada donde esta secretaría no tiene injerencia”, apuntó.
El titular de Educación en el estado añadió que la dependencia a su cargo respetará la resolución que emita la autoridad en torno a la universidad, y estarán atentos a lo que puedan coadyuvar a la comunidad universitaria de la Udlap.
RÍOS PITE PIDE A PATRONATO BUSCAR REAPERTURA DE CAMPUS
Por su parte, Armando Ríos Piter por el patronato de la Fundación de las Américas Puebla que designó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, solicitó a los patronos buscar el regreso a las clases presenciales en la universidad.
A través de un mensaje en redes sociales, el rector de la institución informó que le solicitó al presidente del patronato, Horacio Magaña, para que busque todas las alternativas jurídicas para permitir el regreso al campus de los estudiantes.
Ríos Piter acusó a la familia Jenkins de Landa de no mostrar voluntad e interés para coordinar sus esfuerzos para salir del estancamiento judicial en el que se encuentran.
“Desde que recibí la invitación por parte del patronato de la Udlap con el fin de encabezar a la universidad como rector me comprometí a proteger la continuidad académica, los intereses de la comunidad universitaria y su prestigio nacional e internacional, desafortunadamente este tipo de personas que prefirieron aliarse con quienes hicieron fraude al patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins se han aprovechado de los vacíos que han generado las resoluciones judiciales para colaborar en beneficio de estudiantes y maestros”, declaró.
Expuso que, como parte de sus estrategias, la familia Jenkins de Landa dejó de pagar el mantenimiento del campus y utilizar los mecanismos oficiales de la universidad para “mentir reiteradamente” para insistir con que el campus les sea regresado ante las resoluciones desfavorables en su contra.
El rector de la universidad enfatizó que el campus ha permanecido abierto para el desarrollo de actividades presenciales, sin embargo, la falta de coordinación con la familia Jenkins por entablar diálogo ha impedido que se regrese a la institución, lo que puede afectar de manera profunda a la institución.
“He pedido formalmente al patronato de la universidad encabezado por el licenciado Horacio Magaña que explore todas y cada una de las medidas jurídicas posibles para que se garantice el regreso inmediato a clases presenciales, es indispensable que así ocurra, no quedará por nosotros que no pase de esa manera, recuperar la normalidad de la universidad no puede depender de la actitud mezquina de quienes han preferido engañar a estudiantes y profesores y prefirieron asumirse como parte del conflicto”, puntualizó.
JENKINS RECURREN A FAMOSOS PARA INSISTIR CON EL CAMPUS
Como parte de la estrategia para desviar la atención sobre el desfalco de los 720 millones de dólares, la familia Jenkins de Landa recurrió a una estrategia en redes sociales para presionar al gobierno estatal mediante “famosos” para pedir la “liberación” y reapertura del campus.
A través de un video compartido en redes sociales, actores, artistas y comunicadores del medio artístico nacional se pronunciaron por la reapertura del campus de la universidad, acusando al gobierno estatal de mantener secuestradas las instalaciones.
“Entendemos que hay un conflicto legal y que ambas partes dicen tener la razón, pero lo más importante son los estudiantes (…) devuelvan el campus de la Udlap y que los problemas legales se resuelvan en tribunales para que los alumnos puedan retomar sus estudios”, dicen en el mensaje.
Entre los participantes del video mensaje se encuentran actores como Dario Ripol, Silvestre López Portillo, Areli Paz, Adal Ramones, Carla Erika Ureña, Benny Barra, Vivian Silberstein, Fernando Rovzar, Carlos Alazraki, entre otros. La familia Jenkins de Landa inició su campaña contra el gobierno estatal con un reportaje en la revista Proceso asegurando que el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el exsenador Roberto Hil Zuarth de intentar quedarse con el patrimonio de la fundación, pero un audio desmintió su narrativa.
