La decisión del Juzgado de Control de la zona Centro de permitir la apertura del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), el cual estuvo cerrado por siete meses, quitó a la ultraderecha poblana y a la familia Jenkins de Landa el único argumento del que se agarraron para golpetear a diestra y siniestra a la administración de Miguel Barbosa Huerta.
La ultraderecha —entiéndase los parásitos del Consejo Coordinador Empresarial, el defraudador de las arcas del PAN estatal Rafael Micalco Méndez, la oportunista Mónica Rodríguez Della Vecchia, el timorato Eduardo Rivera Vivanco (ironía), el acomodaticio Herberto Rodríguez Regordosa, entre otros— está impedida para quedarse callada con la apertura de la universidad.
Por el contrario, los yunquistas tienen frente a sí la obligación moral (de la que tanto se jactan) de exigir la investigación hasta sus últimas consecuencias y el castigo ejemplar de todas las trapacerías cometidas al amparo de la casa de estudios cholulteca.
Si los yunquistas y conservadores no saben qué deben exigir, aquí les dejó una lista muy sencilla de la cloaca que existe alrededor de la Udlap y la Fundación Mary Street Jenkins.
Para ir de menos a más, los yunquistas primero deberán exigir una sanción enérgica ante el desfalco hallado en la gestión del exrector Luis Eugenio Derbez Bautista y que asciende a más de 200 millones de pesos, en el que se utilizaron empresas fantasma para sacar dinero de la institución; el pago de becas y apoyos cuantiosos para familiares de directivos de la gestión derechista; la transferencia de recursos de la universidad a cuentas de la familia Jenkins de Landa que nunca debieron hacerse.
También pueden exigir el esclarecimiento sobre los servicios que la Udlap pagaba a empresas cuyos socios eran Derbez Bautista, su séquito de empleados y los abogados del clan Jenkins, sobre todo Virgilio Salas Rincón. Lo mismo atañe a la sociedad Udlap Jenkins Graduate School que ofrecía, en las mismas instalaciones de la universidad, los mismos servicios educativos.
A eso hay que sumar la deuda por 659 millones de pesos que el exsecretario de Relaciones Exteriores contrató en seis días ante instituciones bancarias. Aunque Luis Ernesto Derbez aseguró que ese dinero era para apoyar a las familias ante la pandemia, lo cierto es que esa versión resultó una farsa. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Por qué se contrataron los créditos? Una decisión de esa naturaleza no puede tomarse sin el aval de la Fundación Udlap, entonces, ¿por qué los Jenkins de Landa avalaron esa deuda?
Y, bueno, falta por insistir sobre el tema toral: el desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins.
Los oportunistas de la Udlap bien pueden exigir, primero que nada, que el Congreso del estado cree una comisión especial para investigar la actuación de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del estado de Puebla que avaló en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas cambiar los estatutos de la fundación, lo que permitió a los Jenkins de Landa quedarse con el patrimonio valuado en 630 millones de dólares, es decir, 12 mil 943.1 millones de pesos. ¿Quién o quiénes validaron esa decisión? ¿Cuántos prominentes panistas están involucrados?
El sector conservador de Puebla que estaba muy preocupado por las instalaciones de la universidad puede sumarse a la demanda del gobierno del estado porque se regrese ese dinero a la entidad poblana debido a que el Sistema de Administración Tributaria calificó como “una simulación” el mecanismo utilizado por los Jenkins de Landa para sacar ilegalmente el dinero del patrimonio de la fundación. Esa situación llevó a las autoridades a imponer una sanción de 650 millones de pesos, entendido como crédito fiscal, y como garantía quedó embargado el campus de la universidad.
Los yunquistas están en perfecto tiempo para demandar la respuesta a la pregunta: ¿La deuda de 659 millones de pesos contratados por Derbez Bautista, con el aval de los Jenkins de Landa, sirvieron para pagar el crédito fiscal del SAT?
El Consejo Coordinador Empresarial en Puebla que tanto exige transparencia a las instituciones está en la oportunidad de oro para demandar a las autoridades que llame a cuenta a la familia Jenkins de Landa para que enfrente los procesos judiciales en su contra y demuestren su inocencia. Ese organismo criticó hasta la saciedad y aplaudió las sanciones de la Estafa Maestra, ¿por qué no exigir lo mismo con la Estafa Maestra poblana a la Fundación Jenkins?
De la misma forma, este conglomerado de yunquistas ultraconservadores bien puede pagar desplegados, convencer a la comunidad universitaria y emprender movilizaciones para que se sancione a los responsables del desfalco histórico a una fundación en México.
Recuerden, sólo recuerden, que no estamos hablado de un millón o cien millones de pesos, la trama implica 630 millones de dólares, es decir, 12 mil 943.1 millones de pesos. Ese dinero no es para Miguel Barbosa Huerta es para Fundación Jenkins que ha sido convertida en la ramera de Babilonia de las últimas décadas.
