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jueves, noviembre 21, 2024

Barbosa crítica informes de 100 días; cinco calles no definen a un gobierno, dice

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El gobernador Miguel Barbosa Huerta lanzó una dura crítica hacia los alcaldes que han presentado informes por sus 120 días de gobierno al señalar que no por pavimentar o rehabilitar tres o cinco calles en ese periodo se les define como una buena administración, en clara referencia a ediles como Eduardo Rivera Pérez.

Unas horas después de que el alcalde panista presumió una lista de acciones por sus primeros 120 días al frente de la Comuna, Barbosa Huerta dejó en claro que los gobiernos municipales deben de dar resultados a largo plazo en áreas como seguridad, ambulantaje, servicios básicos y combate a la corrupción para ser considerados como un gobierno positivo.

El mandatario apuntó que desde el gobierno del estado han realizado inversión conjunta con los Ayuntamientos y apoyado para dar resultados, pero no por ser una obligación de 100 días, sino para dar estabilidad a la ciudadanía.

En el caso de los municipios, expuso que en la posteridad se verá reflejado su esfuerzo y llamó a los presidentes municipales a no tener “sugestión” sobre presentar forzosamente un informe por los 100 o 120 días al frente de sus Ayuntamientos, pues será al finalizar su gestión que se comprobará si verdaderamente alcanzaron los objetivos planteados en su Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

“Hemos ayudado a los Ayuntamientos a hacer obra pública, no porque sea parte de una obligación los 100 días, sino para arrancar frente a su sociedad a hacer acciones. Hemos invertido cientos de millones; un gobierno en 3 meses lo que tiene que mantener es estabilidad en todas las acciones gubernamentales, esa es la labor de tener un gobierno positivo, que espera eficiencia y acciones en áreas específicas como seguridad, ambulantaje y servicios municipales”, apuntó.

Previamente, el edil Eduardo Rivera Pérez reveló desde la colonia Bosques de San Sebastián escueta información sobre los logros alcanzados en el municipio de Puebla, pero dejó de lado dos de los temas de mayor impacto social en la Angelópolis: la seguridad y el ambulantaje.

El munícipe omitió señalar que, en los primeros meses de gobierno, aún no hay un plan de reordenamiento comercial y los ambulantes siguen apostados de manera normal en calles como la 8, 10 y 12 Oriente-Poniente.

Tampoco añadió que en dos ocasiones los informales se han rebelado contra la autoridad municipal por falta de acuerdos claros: durante la temporada del Día de Reyes cuando se colocaron sobre la calle 5 de mayo y el pasado 20 de enero, cuando se instalaron en la plancha del Zócalo y golpearon a policías municipales para exigir espacios de venta.

En la primera fecha, los ambulantes desacataron el acuerdo con la Secretaría de Gobernación sobre no colocarse en la 5 de mayo y pese a los operativos, el corredor permaneció con venta de productos alusivos a la temporada.

Mientras que el 20 de enero, comerciantes pertenecientes al Frente de Vendedores Tradicionales y Comerciantes en General del Estado de Puebla A.C acusaron que se rompió el acuerdo de no realizar decomisos a los comerciantes, por lo que provocaron un zafarrancho en pleno Zócalo de la ciudad.

En cuanto a seguridad, el panista presumió que realizaron “caminatas por la seguridad”, encendieron 8 mil luminarias que estaban apagadas y graduaron a 50 elementos de la policía municipal.

Lo cierto es que estas acciones no disminuyeron la percepción de inseguridad que viven los poblanos pues en los primeros dos meses y medio de gobierno, el porcentaje de personas que dijo sentirse insegura en su entorno pasó de 68.8 a 81.9 por ciento, de acuerdo con la  Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y no sólo fue cuestión de percepción. En sus primeros dos meses de gobierno (noviembre-diciembre), la incidencia delictiva creció 20.5 por ciento si se compara con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El alcalde adelantó que ahora fijará una meta de 240 días para presentar un nuevo balance de acciones realizadas en su gobierno.

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