Las 20 reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador contemplan cambios sustanciales en el ámbito político, social, económico y ambiental de México. Juzgadas en abstracto suenan lógicas, algunas incluso largamente esperadas, otras clientelares y electoreras. Las reformas de AMLO buscan, entre otras cosas, reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, garantizar becas y atención médica gratuita, prohibir el maltrato animal y el uso de maíz transgénico, así como cambios significativos en el sistema electoral y el Poder Judicial. Buscan, además, afianzar la llamada Cuarta Transformación en la propia Carta Magna.
En términos de legado, estas reformas pueden tener un impacto duradero en la estructura y funcionamiento del estado mexicano, pero también plantean desafíos y controversias. Por ejemplo, la propuesta de revertir las reformas de pensiones y aumentar el salario mínimo en línea con o por encima de la inflación podría aliviar la presión sobre los trabajadores y pensionados, pero también requerirá de una gestión fiscal cuidadosa para evitar desequilibrios macroeconómicos. ¿Cómo se va a financiar? Se dice, por ejemplo, que con lo recaudado por el uso las obras emblema del propio AMLO, como el Tren Maya, el Felipe Ángeles o Mexicana de Aviación, así como con el dinero de los organismos autónomos que plantea eliminar, entre ellos el Instituto de Acceso a la Información. ¿Un paso adelante y dos para atrás? AMLO ha declarado una y otra vez su guerra contra la sociedad civil y los organismos ciudadanos, pues considera que son herencia del neoliberalismo, pero no pondera el papel que la ciudadanización jugó en la propia creación de nuestra endeble pero legítima democracia.
La eliminación de dependencias y organismos considerados onerosos y la incorporación de la austeridad como política de Estado buscan optimizar el uso de recursos públicos, pero la efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y del mantenimiento de la calidad en los servicios públicos. Insiste en los sueldos y en que nadie gane más que el presidente, lo que suena lógico, pese a que puede provocar que ciertos perfiles profesionales importantes no participen en ningún gabinete, cuyos sueldo serían poco competitivos.
En cuanto al sistema de justicia y la reforma electoral, la elección directa de jueces, magistrados y consejeros electorales por parte del pueblo es una propuesta que pretende aumentar la legitimidad y la independencia de estos órganos. Sin embargo, esto también podría introducir nuevos retos relacionados con la politización de la justicia y la capacidad de los electores para evaluar la idoneidad de los candidatos a estos cargos técnicos y especializados.
Para Claudia Sheinbaum, la casi de facto sucesora de López Obrador, estas reformas representan tanto un legado como un desafío. Si bien pueden establecer las bases para una transformación profunda de México en línea con los principios de la Cuarta Transformación, también requerirán de una implementación cuidadosa y estratégica para asegurar que sus beneficios sean duraderos y que no generen desafíos insuperables para las futuras administraciones. ¿La atarán de manos? Seguramente, pues el sólo hecho de hacer factibles las reformas implica una orientación del presupuesto que le vendrá impuesta por su antecesor, no por las prioridades que tenga su gobierno su propio Plan de Desarrollo.
Me preocupan en particular dos reformas. Primero, la reforma, especialmente la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y su sustitución por un nuevo modelo de organización y supervisión electoral, ha generado un amplio debate. Críticos argumentan que el INE ha jugado un papel crucial en la democratización de México, garantizando elecciones libres y justas. La preocupación principal radica en que cualquier cambio radical podría comprometer la independencia y la imparcialidad del organismo encargado de organizar las elecciones, esenciales para mantener la confianza en los procesos democráticos del país. Además, la reducción en el financiamiento a partidos políticos y campañas, si bien busca reducir el gasto público y el impacto del dinero en la política, también podría limitar la capacidad de los partidos para comunicarse con el electorado, afectando potencialmente la pluralidad y la competencia equitativa. Eliminar los plurinominales suena bien, otra vez, si no estuviésemos llegando a una especie de nuevo partido único (Morena). Recordemos que este modelo se fue imponiendo para tener legisladores de otro partido que no fuera el PRI y que existiese un balance de poder. La eliminación enorme de senadores no tiene justificación alguna y a mi juicio debilitaría esa soberanía y la haría más dependiente de las decisiones del ejecutivo. Ese es el conflicto más grave de estas reformas electorales, que solo fortalecen el presidencialismo.
Por otro lado, la propuesta de que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean electos por voto popular, plantea dudas enormes respecto a la independencia judicial. Mientras que la elección directa por el pueblo podría aumentar la legitimidad democrática de estos cargos, existe en realidad el riesgo de que la politización afecte la imparcialidad y la objetividad de las decisiones judiciales. La capacitación, experiencia y méritos de los candidatos podrían verse eclipsados por la popularidad o la afinidad política, socavando el principio de separación de poderes. Además, este sistema podría hacer más compleja la renovación judicial, al introducir campañas y elecciones para roles que requieren de un alto grado de especialización y conocimiento técnico, alejándose de los criterios de selección basados en méritos y competencias profesionales. Reducir la Suprema Corte, otro de los aspectos en juego, nuevamente abona a dejar la figura del presidente como la de una especie de autoridad única legítima, con dos poderes a su servicio o al servicio único del partido en el poder.
Es probable que las reformas pasen, pero la Suprema Corte las frene finalmente. Lo que tenemos en México es un reto brutal, pues nuestra democracia es apenas adolescente. Se trata encontrar un equilibrio entre la inclusión democrática y la preservación de la integridad institucional, asegurando que México continúe avanzando hacia una democracia más robusta y justa para todos sus ciudadanos. Algunas de las 20 reformas, al contrario, minan ese deseo que no es neoliberal, y más bien nos ha costado años y sangre.
