La propiedad de 10.8 hectáreas que alberga al Colegio Humboldt de Puebla desató una guerra intestina entre la Fundación Humboldt y los directivos de la institución, lo que llevó a la suspensión de las clases presenciales, la disputa en tribunales y acusaciones cruzadas sobre el lucro que se pretende hacer con la casa de estudios.
El conflicto, que estalló hace apenas 24 horas, tiene su origen en la donación onerosa que efectuó en 1996 el entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz para que se construyera el nuevo campus de la escuela en el municipio de Cuautlancingo.
Dicha institución fue fundada en 1911, llamada entonces Colegio Alemán, pero fue hasta 1946 cuando se construyeron los primeros edificios en lo que hoy es la colonia Humboldt.
Con el paso del tiempo y ante el crecimiento de la carga administrativa de la escuela se creó el Consejo Directivo, órgano encargado de las actividades de la institución.
Tanto el Consejo Directivo como la Fundación sostenían una relación sólida que permitía allegarse de recursos en beneficio de la escuela. Así fue como en 1996 lograron que Bartlett Díaz entregara el predio de 10.8 hectáreas.
Lo que en ese momento nadie se imaginó fue que la Fundación Humboldt, 21 años después de la recepción del predio, estallaría en una pugna por la posesión del inmueble luego de que el Consejo Directivo solicitara a un juez civil otorgarle la titularidad del terreno donde se encuentra la escuela.
La afrenta generó una profunda división entre el consejo y la fundación. Durante los siete años siguientes, ambas partes llevaron el pleito legal a diferentes instancias, pero los directivos de la institución no pudieron ganar ninguno y observaban cómo se acercaba peligrosamente el 31 de diciembre de 2020, fecha en que venció el comodato firmado entre ambos para el uso de las instalaciones.
El plazo se venció, pero la disputa en tribunales se prorrogó hasta julio de 2021 cuando el Tribunal Colegiado de este Sexto Circuito Federal en Puebla, reconoció a la Fundación Humboldt como “dueña y titular de todos los derechos de propiedad, así como de los frutos y accesorios que derivan de ésta”.
Con la resolución del juzgado federal en mano, la Fundación comenzó con el litigio para la recuperación del predio, lo que significó dos cosas: no renovar el comodato y desalojar a los inquilinos educativos; o buscar un acuerdo con el Consejo Directivo.
Los meses pasaron y no hubo acuerdo. Fue entonces que el caso se radicó en el Juzgado Segundo Civil, con sede en Cholula, que ordenó la entrega y desocupación inmediata del predio.
Pero, a decir del Consejo Directivo, el presidente de la Fundación, Maximino Castillo, pretende utilizar la coyuntura para meter mano a los estados financieros y ganancias de la institución.
“Maximino Castillo ha presentado a nuestro Consejo Directivo una propuesta de convenio cuya finalidad es controlar y disponer a su discreción de los recursos del Colegio Humboldt, sin opción de negociación o contrapropuesta por parte nuestra.
“El convenio se acompañó con la amenaza de que, de no ser aceptado a más tardar el 26 de enero, harían uso de la fuerza pública para desalojarnos de las instalaciones”, asienta el consejo a través de un comunicado de prensa.
Tras verse comprometidos con la resolución del Juzgado y la amenaza de la Fundación sobre el desalojo del campus, el Consejo Directivo anunció el 24 de enero pasado la suspensión de clases bajo el argumento del incremento de casos de Covid-19, aunque la realidad fue que esperaban un encuentro con la Fundación para concretar negociaciones, como se dio a conocer un día después por el mismo Instituto.
El colegio Humboldt recibió la propuesta por parte de la Fundación para firmar un nuevo contrato de arrendamiento del inmueble y sus instalaciones, mismo que tendría que haber sido firmado a más tardar ayer miércoles para continuar administrando la actividad educativa, pero ahora bajo los nuevos lineamientos establecidos por Maximino Castillo y la Fundación.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que algunos medios de comunicación intentaron involucrar al gobierno del estado en esta pugna al señalar que el predio había sido reclamado desde Casa Aguayo, situación que desmintió de inmediato y advirtió que se investiga el origen de dichos mensajes desde la Policía Cibernética. “Sé quiénes son, por cierto, los que lo están haciendo; la Policía Cibernética ya está determinando el origen de todo esto. Actuemos con buena intención, seamos mejores personas”, apuntó.
