Es sorprendente la ingenuidad y mojigatería de reporteros, columnistas e integrantes del círculo rojo respecto a la decisión del gobernador Miguel Barbosa Huerta de remover o aceptar la renuncia de 18 funcionarios de su gabinete en los 30 meses que lleva de su administración. Por sus comentarios se desprende que no entienden la naturaleza de los movimientos o quisiera un gobierno estático en donde no pasara nada. Peor aún: en su afán de verse críticos vinculan erradamente los cambios con una equivocación de origen en designación. Al hacer una revisión de las bajas del gabinete estatal se puede apreciar que ocurren con el timing y el sentido de oportunidad del propio mandatario. El mejor caso es Raciel López Salazar, quien renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública estatal en medio de sospechas de corrupción. El propio Barbosa Huerta reconoció públicamente que el exfuncionario llegó el momento que pasó de ser el superpolicía a tener que defenderse de las denuncias por irregularidades de él o personas bajo su mando. Si nos basáramos en la lógica de los despistados analistas, lo de Raciel no es una muestra de poder sino un descalabro, lo cual resulta absurdo. ¿Qué sí hizo el mandatario? Los movimientos suficientes para desmantelar al grupo enquistado en la SSP estatal y cuando el titular supo que no había más futuro, presentó su renuncia. Junto con el exfuncionario se fue un grupo de políticos, oriundos de Chiapas, que lo seguían. Ahora estamos frente a la baja de Rogelio López Maya en la misma dependencia y ocurre en medio de los escándalos de corrupción al interior del penal de San Miguel que dieron lugar al caso del bebé Tadeo, así como por el caso la joven Leslie, a quien la policía estatal detuvo bajo el argumento de integrar una red de narcomenudeo. ¿Otro descalabro de la gestión barbosista? Obvio, no. Lo sería si pese al escándalo la administración hiciera como que no ocurre nada. Nadie en su sano juicio puede exigir que no haya casos de corrupción, pero lo que sí se debe demandar es que no haya impunidad y se sancione a los responsables. Bueno, pues eso es lo que hizo el mandatario estatal. Tal vez, la razón de por qué los opinadores trasnochados y activistas disfrazados de periodistas no pueden analizar correctamente estos movimiento de Miguel Barbosa es porque el gobernador les ha dado la salida correcta que deja sin argumentos a sus opositores o simplemente a éstos no les agrada la forma porque quisieran que todo ardiera. Diría el clásico: “Con esos bueyes nos tocó arar”.
El caso de Leslie
Un tema que detonó este fin de semana fue la detención de Leslie y seis personas más en el Paseo Bravo, mientras realizaban un intercambio comercial de diferentes objetos. La SSP estatal informó que la captura se debe a que estarían frente a un red de narcomenudistas, lo cual fue rechazado por los familiares de la joven. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició una investigación al respecto, los amigos y familiares realizaron una marcha, mientras que un sector del periodismo militante se desgarró las vestiduras y proclamaron el apocalipsis poblano. En este contexto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta fijo una postura bastante sensata ante los ánimos caldeados: que se aplique la ley. Eso indica que si hay elementos contra las personas detenidas se procederá en consecuencia. Pero sí no hay indicios ni elementos deberá procederse también en consecuencia. Leslie y las otras seis personas tienen una audiencia ante el juez de control para definir la legalidad de su detención. Es ahí donde se conocerá a ciencia cierta si hubo un exceso policial. Si lo hubo, entonces, la instrucción está dada: que se aplique la ley.
