Pese a haber sido señalado por utilizar el aparato gubernamental para apresar a pobladores indígenas de La Resurrección, en un hecho con características de haber sido presos políticos, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció con beneplácito la vinculación a proceso del edil auxiliar Adolfo N., así como dos de sus acompañantes.
Los cargos que enfrentarán el edil subalterno, Adolfo N., Adrián N. y Jehú N. son múltiples: lesiones, robo agravado, motín y daño a propiedad ajena doloso, por los hechos ocurridos el pasado 21 de noviembre, cuando más de un centenar de pobladores se manifestaron frente a Palacio municipal, dañaron mobiliario urbano y protagonizaron una refriega con elementos de la policía municipal, producto de una serie de provocaciones del Ayuntamiento.
Rivera Pérez sostuvo que al dictarse prisión preventiva contra Adolfo N., en una audiencia celebrada en Casa de Justicia este miércoles, perdió sus derechos políticos y por ende, la instrucción a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Jorge Cruz Lepe, fue colocar un perfil como alcalde sustituto mientras se define la situación legal.
“Di la instrucción al secretario de Gobernación para que genere las condiciones, se sustituya a la autoridad auxiliar y se garanticen las condiciones de gobernabilidad para seguir trabajando como lo estamos haciendo en las demás juntas auxiliares”, apuntó.
PERIODO DE INVESTIGACIÓN
La autoridad de justicia brindó tres meses para la investigación complementaria del caso; sin embargo, regidores de Morena dejaron abierta la posibilidad de que se haya buscado ‘inflar’ delitos contra el representante indígena, toda vez que en su detención hubo una serie de inconsistencias como el hecho de que fueron retenidos durante más de 11 horas sin comunicación en Rancho Colorado, tiempo suficiente para poder armar la narrativa de los hechos.
La audiencia inicial por la denuncia contra Adolfo N. comenzó desde el pasado viernes, aunque esta fue suspendida debido a que no se presentaron los asesores jurídicos y tuvo que aplazarse para el siguiente sábado 25 de noviembre, de acuerdo con información de e-Consulta.
Luego, en una segunda audiencia que se prolongó por más de 12 horas y que se celebró este martes, se les imputaron los delitos de lesiones, robo agravado, motín y daño a propiedad ajena doloso, en detrimento, presuntamente, de tres elementos de la policía municipal, mismos que la fracción de Morena desconoce de quiénes se trate, pues no hay pruebas gráficas de ellos o sus lesiones.
El costo de los daños a la propiedad se estima en 200 mil pesos, derivado de los perjuicios sufridos por la puerta del Palacio municipal, los vitrales fracturados en la oficina de Turismo y las macetas que los manifestantes arrojaron.
Sin embargo, a decir del regidor Leobardo Rodríguez Juárez, este se trataría de un caso de presos políticos en La Resurrección, toda vez que el edil auxiliar Adolfo N., convocado para un diálogo, fue arrestado y permaneció 11 horas en prisión sin comunicación.
Además, la detención de un manifestante junto a su hija de dos años, con amenazas de entregar a la menor al Sistema Municipal DIF, añadió controversia al igual que el hecho de que los detenidos, hablantes de náhuatl, carecieron de un traductor, lo que vulneró sus derechos.
El conflicto tiene raíces en la falta de diálogo para regularizar negocios en la demarcación, toda vez que la Unidad de Normatividad inició una cacería de cobros y moches que no cayó en gracia a los pobladores.
La actividad de la dirección de Normatividad, que involucra extorsiones a locales comerciales y la negativa a ser víctimas de abusos derivó en una protesta para pedir una mesa de trabajo con el alcalde, Eduardo Rivera, pero la respuesta fue un operativo policiaco, liderado por Miguel Martín Hernández Martínez, que terminó en un enfrentamiento con comentarios ofensivos y discriminatorios y una batalla campal entre pobladores y granaderos que culminó con la detención de tres personas.
