Eduardo Rivera Pérez tenía todo para dar un golpe mortal a la administración de Claudia Rivera Vivanco. Las propias torpezas de los claudistas le habían dado los elementos para que los datos duros se impusieran a cualquier tipo de politiquería.
Lo menos grave que la Comisión de Entrega-Recepción encontró al revisar las condiciones en que recibió el Ayuntamiento de Puebla es que se traspapelaron documentos importantes. Lo peor: Que hubo 2 mil 086 observaciones, de las cuales los morenistas solo pudieron solvertar 249, es decir, el 11.9 por ciento.
¿Qué más? Que no hay documentación que compruebe el correcto uso de 2 mil 112 millones en obra pública ni 4 mil 345 millones entregados en contratados para bienes y servicios.
El informe rendido por la secretaria General del Ayuntamiento, la priista Silvia Tanús Osorio tenía los elementos suficientes para que la opinión pública conociera la cloaca que el PRIAN heredó de Claudia Rivera Vivanco.
Sin embargo, bastó que el yunque, a través de la síndico María Guadalupe Arrubarrena García, tomara la palabra para que todo se fuera a pique.
La cloaca, entonces, pasó de la cancha de los morenistas a la de los ultraderechistas.
La síndico ofreció, para la sorpresa de propios y extraños, la argumentación más anquilosada y retorcida para negar cualquier posibilidad de debate en el Cabildo de Puebla sobre el controvertido tema: conflicto de intereses.
Bajo ese concepto, la servidora impuso la mordaza a los regidores de Morena. Palabras más, palabras menos sostuvo que varios de los integrantes del Cabildo encabezaron una rueda de prensa el pasado 6 de enero, en la que se manifestaron sobre la entrega-recepción y eso los ponía en una condición de conflicto de intereses.
La integrante de la familia Arrubarrena, una de las más emblemáticas en el mundo de la ultraderecha poblana, fue más allá y amagó con sanciones a aquellos regidores de oposición que osaran fijar su postura en la tribuna municipal, máximo órgano de gobierno de la capital, pues el reglamento de Cabildo era muy claro en ese sentido.
De un plumazo, Arrubarrena García, con el evidente apoyo del alcalde Eduardo Rivera Pérez, sometió la libertad de expresión de los regidores a un vil asunto de trámite que regula el Reglamento Interior de Cabildo, lo cual viola el precepto del Artículo 93 que prohíbe aplicar una mordaza a los cabildantes.
Como era de esperarse, la censura de Eduardo Rivera y sus acólitos derivó en acusaciones cruzadas entre los regidores de Morena, la síndico y panistas. En su desesperación, Guadalupe Arrubarena perdió el control y gritó a sus interlocutores que no dejaban de interrumpir su intervención: ¡Silencio!
El encargado de rebatir la censura fue el morenista Leobardo Rodríguez Juárez, quien de inmediato dejó en claro que el punto de acuerdo que contenía los resultados de la Comisión de Entrega-Recepción -al que nadie ha tenido acceso- se trataba de un mero asunto político con la finalidad de desviar la atención a las fallas de la actual administración municipal.
Así pues, utilizó la misma estrategia: volver político un asunto municipal. Y aprovechó para airear un tema fundamental: los salarios que ganan los funcionarios del gobierno que prometió corregir el rumbo de la ciudad.
De acuerdo con Rodríguez Juárez, entre las primeras acciones impulsadas por Rivera Pérez estuvo el aumento de sueldos de directivos para arriba, además de incurrir en la violación de la reglamentación municipal “hasta la comicidad”.
Me preocupa, dijo, que todo parece indicar que regresamos a la Puebla de 2011, en donde se censura a los disidentes y se golpea a las manifestantes.
Y sí, preocupa ver cómo la libertad de expresión de un regidor puede estar constreñida a un reglamento de Cabildo.
Eduardo Rivera tenía todo para una tarde de cola y orejas, además de salir en hombros de la plaza. Las torpezas cometidas por los morenistas habían sido tan geniales que merecía el arrastre lento. En su lugar, el ultraderechista prefirió pinchar como aprendiz de carnicero el lomo del astado sin escuchar que su dislate ya había provocado el tercer trompetazo de alerta por parte del juez de plaza.
