Tras la petición del presidente para renegociar o cancelar la deuda del Museo Internacional del Barroco, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que se busca reducir las cargas al estado por este contrato, sin embargo, se analizará si existe la capacidad financiera para cubrir las penalizaciones que tendría su rescisión.

En entrevista, el mandatario estatal informó que el gobierno de Puebla cuenta ya con un análisis puntual de los compromisos financieros que heredó de la administración de Rafael Moreno Valle por las obras que fueron realizadas bajo esquemas de APP y PPS.

Dijo que dicho análisis se compartirá al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el pasado martes pidió al gobierno de Puebla renegociar o cancelar el contrato con la empresa que construyó el Museo Internacional del Barroco (MIB) y que representa una deuda de 8 mil millones de pesos para el estado.

En ese tenor, Céspedes Peregrina indicó que con dicho análisis se busca reducir las cargas al estado en materia financiera, “siempre y cuando lo permita la situación legal”, y es que hasta ahora no se ha informado si existe alguna penalización en caso de que el gobierno estatal quiera terminar anticipadamente el contrato.

Consideró que se trata de un tema de “argumentación legal” que tendrá que realizar el área jurídica del gobierno después de revisar lo que estipulan los contratos, los cuales, sin duda, son leoninos, dijo.

“Han afectado al patrimonio de Puebla, y lo hemos visto muchas veces, con el tema de la plataforma Audi, con el tema del Museo Barroco”, subrayó, aunque el caso del tema de la armadora asentada en San José Chiapa dijo que “ya está salvado” y “no tiene mayor situación”.

Para el presidente de la República “es un robo a la vista de todos” por lo que recriminó que se mantenga este “añejo problema” cuando las cosas en el país han cambiado, por lo que dijo que los empresarios deben entender que esta situación no debe seguir, sobre todo cuando se afecta el dinero que es del pueblo, dijo.

Estas obras consideradas faraónicas por la oposición se construyeron a través de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos para la Prestación de Servicios, lo que representó al estado adquirir compromisos monetarios -hoy considerados deuda- pagaderos a 15, 23 y 25 años.

Desde el año 2012, el gobierno estatal destina más de mil millones de pesos al pago de esos compromisos que también son legales. En el presupuesto de Egresos para 2024, que Sergio Salomón Céspedes envió al Congreso local, se etiquetó un monto de 1 mil 483 millones 437 mil 015 pesos para cubrir dichos compromisos.

“El tema es un tema financiero, en donde (habría que) ver si tenemos la capacidad para poder solventar las penalizaciones que tiene la rescisión de un contrato”, dijo Sergio Salomón Céspedes.

Refirió que en el caso del contrato para la construcción de las plataformas donde se asentó Audi se buscaba una renegociación, sin embargo la empresa que en su momento estuvo a cargo de la obra terminó vendiendo la deuda a un banco.

“Ahora la deuda la tiene el estado con un banco bajo acciones que a todas luces dañaron el patrimonio del estado”, lamentó.

En tanto que recordó que el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, fallecido el 13 de diciembre del año pasado, dejó hecha una negociación con la empresa que está cargo del Centro Integral de Servicios, bajando las condiciones de las cargas financieras en beneficio del estado.