Es probable que en los últimos días haya escuchado que al interior de la BUAP existen grupos estudiantiles que anunciaron una marcha para exigir el regreso inmediato a las aulas, luego de que la administración central tomó la decisión de prorrogar la fecha ante el mayor crecimiento exponencial de los contagios durante toda la pandemia.
La medida no fue tomada sobre las rodillas, sino que vino de una de las investigadora más prestigiadas en el mundo sobre del comportamiento y peligrosidad de la Covid: la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
Si la científica nos dice que hay que cuidarnos, lo prudente es hacerle caso. Si nos recomienda extender el plazo para tomar clases presenciales, sabe por qué lo dice. Si advierte sobre un peligro, lo más sensato es parar oreja y escucharla muy bien.
Es por eso que no deja de ser sospechoso que teniendo a la mejor especialista sobre el tema haya un grupito que exija el regreso a las aulas y convoque a marchas. Peor aún, que la torpe movilización sirva para que otro grupo de oportunistas -la ultraderecha poblana- se monte para seguir lucrando políticamente con el caso de la Universidad de las Américas Puebla.
Demasiado sospechoso y demasiado estúpido.
Lo que en realidad se cocina detrás de este amago de movilización universitaria es un vil asunto de presión para evitar perder canonjías, ser investigados o rescindidos por las diferentes anomalías que se han encontrado en las revisiones a las diferentes áreas que componen a la BUAP.
Detrás se encuentran las viudas de Alfonso Esparza Ortiz que andan aterrados por su futuro incierto. Aclaración: detrás de la torpe protesta no se encuentra el exrector sino integrantes de su equipo político que ya no saben cómo presionar para no perder los privilegios que detentaron durante casi una década.
Son los mismos, por cierto, que alentaron la confrontación entre Esparza Ortiz y el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que le aconsejaron echarse a los brazos de Claudia Rivera Vivanco y le dijeron que la mejor estrategia era buscar a los enemigos del mandatario en la Federación.
El tiempo puso a todos en su lugar: El inquilino de Casa Aguayo es más poderoso, mientras que el exrector anda a salto de mata.
¿Y los empleados alrededor del exrector? Enquistado en la universidad, aferrados a sus pequeños cotos de poder y atrapados por la culpa de quien sabe que hizo algo muy malo.
A pesar de que se difundió que la familia de caciques Vélez Pliego estaba detrás de las protestas, la especie no cierta por una razón simple y sencilla: Ya nadie les hace caso. Están más quedamos que un judas en Sábado de Gloria.
Lo que este grupo de viudas no alcanza a ver es que hay nueva administración, nuevas formas de hacer política universitaria y una mujer que no permitirá ningún tipo de chantaje. Habrá diálogo, seguramente (sino es que ya lo hay). Lo que no se verá es la graciosa concesión a quienes pretenden conseguir un acuerdo a base de presiones o manipulaciones.
Así han de estar de desesperados que prefieren poner en riesgo la salud de los integrantes de la comunidad con tal de no perder sus canonjías.
¡Que Daniel Ortega los redima!
Lalito se clavó otro clavito
Eduardo Rivera Pérez confirmó lo que semanas atrás le informamos en Hipócrita Lector: su decisión de inflar el presupuesto para alumbrado público y otorgar la concesión más cara de los últimos tres gobiernos municipales.
Tan solo para 2022, el Ayuntamiento de Puebla pretende disponer de 233 millones de pesos para pagarle a la empresa que resulte ganadora en la licitación pública que se emitirá. Si hacemos caso a la versiones que circulan, la beneficiaria será Citelum.
Con esta información cobra sentido que el alcalde de Puebla pretenda ir a la Corte para echar abajo la decisión del Congreso del estado de negarle el cobro del Derecho de Alumbrado Público. Bajo este mecanismo pretendía obtener entre 100 y 140 millones de pesos, una cifra nada despreciable.
El tema fondo es que Lalito El Gerente Yunquista ha vertido todo su capital político en lo que va su gestión para un tema que prácticamente lo hundió el fango.
Veamos: el munícipe fue el principal impulsor del cobro del DAP, la propuesta se la compraron en el Congreso del estado, pero con el paso de los días se vio que Rivera pretendía poner a todos a trabajar a su favor, incluido el gobierno del estado. Cuando se vio atrapado políticamente ya no supo qué hacer. Sus propios compañeros de partido en la LVI legislatura le cerraron la puerta y negaron aceptarle una llamada.
Al final, el alcalde terminó humillado y se llevó entre las patas a los ayuntamientos panista de San Andrés y San Pedro Cholula, en donde cabe todavía la mesura y ni en sueños se ven controvirtiendo la medida adoptada por el Congreso del estado.
Con este antecedente, entonces, tenemos a un alcalde que está haciendo todo el esfuerzo para quedar bien con una empresa privada. ¿Qué negocios habrá para que así sea? ¿Acaso el vendedor de cables, quien hoy cobra como coordinador de los regidores, tiene las manos metidas por instrucción de los verdaderos jefes del Yunque?
Hay muchas preguntas sobre este comportamiento del alcalde, pero es entendible si tomamos en cuenta que los patrones yunquistas de Lalo Rivera están acostumbrados a anteponer el dinero a cualquier principio.
De hecho, el dinero es su mayor principio.
