El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, alista la presentación de una controversia constitucional por la decisión del Congreso local de negarle el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
El movimiento deja muchas interrogantes e interpretaciones, sobre todo porque representa una afrenta no contra los legisladores sino contra el inquilino de Casa Aguayo y ocurre justo en medio de una lucha que sostienen los barones de la Organización Nacional del Yunque en contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Partamos de un hecho: La decisión de negar el cobro del DAP al Ayuntamiento de Puebla fue política y no jurídica debido a que el alcalde Eduardo Rivera Pérez hizo todo al revés pese a que fue el principal impulsor de la recaudación. En lugar de diseñar una hoja de ruta, optó por dejar toda la responsabilidad a otros actores; en lugar de asumir parte del costo político, nadó de muertito y transfirió la responsabilidad a los legisladores locales; en lugar de socializar el tema, enterró todo tipo de información; en lugar de crear una estrategia de difusión, se mantuvo callado.
El asunto toma mayor relevancia luego de una reunión en la que estuvieron presentes los coordinadores de las principales fracciones de la bancadas en el Congreso local y el munícipe capitalino, en la que salió a la luz que el PAN no tenía el apoyo de toda la bancada, de ahí que la advertencia fue: Si no había respaldo total del panismo, Morena y el resto de los partidos no pagarían el costo político.
Sabedor de la advertencia, Eduardo Rivera no pudo o no quiso cambiar el escenario. Incluso, hubo diputados panistas que ni siquiera le quisieron tomar la llamada para hallar una solución, lo que dejó en claro que las heridas al interior del PAN son profundas de lo que parece.
Al final, la bola de nieve lo alcanzó. En la sesión extraordinaria del 23 de diciembre pasado quedó a flote que no había mayoría. Morena y el resto de los partidos debían tener una forma de comprobar que el munícipe había cumplido con su trabajo, por eso decidieron incluir la modificación del cobro del DAP en el Código Fiscal Municipal y, después, votar la Ley de Ingresos de este año.
La votación del código reveló que no había apoyo unánime, por lo que el asunto quedó a la deriva, pero solo para el caso de Puebla ya que la legislatura no pretendía afectar los ingresos municipales y por eso decidió respaldar el cobro en diferentes ayuntamientos.
Hubo otro punto clave en la caída del cobro del DAP. Mientras la sesión extraordinaria estaba en receso, Eduardo Rivera pretendió hacer lo que evitó todo el tiempo: negociar el apoyo de sus compañeros de partido y con otros actores, pero cometió un error garrafal. En su desesperación buscó al hombre más poderoso de la entidad y envío el mensaje equivocado. Conclusión: se confirmó la negativa e incluso se extendió a San Andrés y San Pedro Cholula.
Al final, el Congreso local optó por una decisión política porque justo en eso había fallado el presidente municipal.
El hecho de que Rivera Pérez pretenda ahora controvertir la decisión de la LVI legislatura no deja de ser una mala broma. El alcalde sembró el tema, los legisladores lo respaldaron porque vieron una opción viable para aligerar las arcas de muchos municipios poblanos, contó el respaldo del gobierno del estado y, al final, simplemente se sentó a observar cómo los demás trabajaban para su beneficio.
Con ese antecedente a cuestas, ahora pretende ir a la Corte a echar abajo la decisión.
Sin embargo, esto va más allá de un enfrentamiento contra los diputados locales sino debe interpretarse como una afrenta política directa hacia el gobierno del estado y abona al proceso de descomposición que los enemigos del barbosismo iniciaron colgándose del DAP.
Manifestaciones por un lado y una acción de inconstitucionalidad por el otro, parecen una estrategia muy definida para contraatacar al barbosismo, y toma mucho sentido en el marco de la pugna que la ultraderecha poblana inició contra Miguel Barbosa, a través de sus gerentes enquistados en la cámaras empresariales y, ahora parece, con el alcalde de Puebla.
No se sabe si el munícipe ha sondeado el inicio de la controversia con el epicentro del poder en la entidad, pero el solo hecho de plantearlo representa una amenaza.
¿En verdad no entiende nada el alcalde? La respuesta la ofreció la vez pasada el gobernador de Puebla: “Si entiende, se hace como qué no, pero sí entienden”.
