Luego que se anunció que el gobierno del estado cubrió con recursos propios los descuentos que a trabajadores del Poder Judicial, las instalaciones de Ciudad Judicial fueron liberadas la mañana de este martes, tras varias horas de cierre de los accesos de este inmueble desde el lunes.
La magistrada María Belinda Aguilar, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que este descuento que experimentaron los trabajadores se relacionaba con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que correspondía legalmente a los empleados cubrir este descuento, el cual no fue solicitado por el Poder Judicial.
El desenlace del cierre de Ciudad Judicial, por segundo día consecutivo, había provocado la suspensión de múltiples audiencias y servicios esenciales, lo que generó un mal generalizado para las personas que desde temprano esperaban concretar algún trámite.
La presidenta del TSJ informó que el cierre de los accesos era una velada afectación a la administración de justicia, incluidas audiencias de guarda y custodias que no se llevaron a cabo a pesar de que personas habían viajado desde municipios lejanos.
A la par, explicó que el problema tiene su raíz a partir de la reforma constitucional al Poder Judicial en la que se cambió la estructura orgánica y que en cascada derivó en la creación de un nuevo tabulador salarial aprobado por el Consejo el pasado 5 de junio.
Esta modificación contempla también un trámite adicional interno que no ha surtido efecto, el cual consiste en una revisión integral al tabulador, toda vez que algunas personas percibían sueldos que estaban por encima del vigente, mientras que en otros casos el sistema coloca a personal como trabajadores de base cuando no lo son.
En lo que respecta a recortes en el salario, aclaró que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, apoyó con el retorno de su dinero a los empleados del Poder Judicial como muestra de buena voluntad, aunque por ley el pago del impuesto ISR es obligación de cada trabajador.
La información sobre la cobertura del gobierno del estado fue presentada puntualmente a los manifestantes en viva voz de Belinda Aguilar, en tanto que otros, al revisar sus cuentas bancarias se percataron del pago, gritaron frente a la magistrada ¡Ya depositaron!
En cuestión de minutos, los quejosos despejaran los accesos a Ciudad Judicial y se reincorporaran a sus labores a las 11:00 horas.
También circuló enseguida un comunicado del Poder Judicial, en el que se precisó que Belinda Aguilar Díaz y el presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, tuvieron un diálogo con servidores judiciales en donde se informó sobre la devolución del ISR.
La problemática en torno al Poder Judicial tiene sus antecedentes en una disputa por el liderazgo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPyOD), a inicios de año.
Este conflicto, que ha desestabilizado también el funcionamiento del Poder Judicial, es visible en una pugna que sostuvo Martha Rodríguez Salinas, quien aspiró a ser líder sindical en 2021, contra Brenda Velázquez Batana, una funcionaria del Poder Judicial a quien acusó de engañar a los trabajadores al convocar a la formación de una comisión para negociar aumentos salariales, a pesar de que ningún candidato había sido legalmente reconocido como líder del sindicato.
La disputa por el control del gremio ha derivado en varios procedimientos legales en curso, tanto a nivel estatal como federal, relacionados con la legitimidad de las elecciones sindicales y la toma de nota del liderazgo sindical.
El conflicto también afectó directamente a los trabajadores y sus familias, ya que llevaban cerca de tres años sin recibir un aumento salarial debido a la falta de un líder sindical legalmente reconocido.
Las diferencias y la inestabilidad no se centraron exclusivamente en los conflictos entre el sindicato, sino también entre los anteriores presidentes del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, Margarita Gayosso y Carlos Palafox, respectivamente.
El conflicto entre ambos se originó después de la muerte del gobernador Miguel Barbosa en diciembre de 2022, en el contexto de una nueva reforma constitucional. Hasta ese momento, ambos parecían estar en términos tranquilos, posteriormente, surgieron tensiones y enfrentamientos.
Se menciona que trabajadores, supuestamente instigados por Margarita Gayosso, llevaron a cabo múltiples manifestaciones contra Carlos Palafox, lo que lo obligó a despedir a parte del personal con el que había llegado a su cargo.
Según versiones periodísticas, Margarita Gayosso habría decidido aliarse con un grupo de magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial para contrarrestar a Carlos Palafox, toda vez que, en la primera fase de la reforma, Palafox había adquirido un considerable poder y control sobre los órganos judiciales.
Las disputas y luchas internas entre Gayosso y Palafox no cesaron y, finalmente, ambos renunciaron a sus cargos el 31 de agosto.
