El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) aprobó, por mayoría de votos, la reforma integral al Estatuto Orgánico que incorpora las opiniones de los más de 56 mil 228 universitarios que participaron en la consulta, correspondiente a 94.2 por ciento que estuvo de acuerdo con la propuesta institucional, lo que equivale a la aprobación de más de 52 mil 854 participantes.
De un total de 157 artículos, en la reforma integral al Estatuto Orgánico —del cual emanan los reglamentos, lineamientos y procedimientos que rigen a la institución— se modificaron 152, cinco conservan su redacción, 12 fueron derogados, 15 adicionados y dos divididos.
Esta reforma incluye la incorporación de elementos para fortalecer los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género, inclusión, igualdad de género, cultura de paz, construcción de saberes, ínter y bioculturalidad, cuidado del medio ambiente y uso responsable de herramientas tecnológicas, integridad académica, entre otros.
También incorpora la Comisión Permanente a la Comisión de Género, reincorpora la figura de secretario administrativo de la institución y de las unidades académicas; la participación de titulares de las unidades académicas en los consejos de investigación y estudios de posgrado y el de extensión y difusión de la cultura.
Por otra parte, homologa los requisitos para el Abogado General y titulares de la Secretaría Administrativa, Tesorería General y Contraloría. También regresa la facultad a los titulares de las unidades académicas para designar o remover a sus secretarios y reconocer las atribuciones de la Comisión Estatutaria de Protección y Preservación del Patrimonio Cultural Universitario.
Entre los puntos que se reformaron se encuentra la eliminación de la edad máxima como requisito para ocupar el cargo de la rectoría, pues era un acto de discriminación, de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como un acto de congruencia y rendición cuentas ante los consejeros y miembros de la comunidad universitaria, en la reforma se estipuló que la persona titular de la rectoría deberá rendir un informe anual de actividades, con carácter público al Consejo Universitario y se formalizó la operación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, una instancia que operaba desde hace años, pero no estaba contemplada en la ley orgánica.
La nueva reforma propone adicionar artículos que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como el combate a todo tipo y forma de discriminación, por lo que se crearán espacios universitarios libres de violencia y se pondrán en marcha estrategias para la preservación y cuidado del medio ambiente.
Asimismo, se garantizará la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior sin discriminación y se agilizarán acciones para la detección y erradicación de la violencia contra las mujeres que forman parte de la máxima casa de estudios, presumió.
Se le otorga a la Rectoría la atribución de nombrar, previa terna, a las personas titulares de las secretarías Académicas, de Investigación, y de Estudios de Posgrado, así como de las coordinaciones administrativas.
También precisó cuáles son las unidades académicas que constituyen a la organización de la universidad y se incluyó formalmente a los complejos regionales académicos, los cuales se les precisó que su objeto es “atender los distintos niveles educativos inter y multidisciplinarios que ofrece la universidad conforme a las necesidades sociales y productivas de la región, así como desconcertar y organizar territorialmente las actividades académicas de la universidad”.
El Consejo Universitario solo podrá aprobar las propuestas de creación de complejos regionales que cumplan con los criterios establecidos dentro del nuevo Estatuto.
Asimismo, se reincorporará la figura de la Secretaría Administrativa en la Rectoría, con lo cual, la persona titular podrá asumir sus competencias ejecutivas con liderazgo efectivo dentro de la universidad, actuar de manera eficaz como gestora ante instancias externas, asumirá de forma plena su papel de representante legal de la institución y presidente del Consejo Universitario, así como promover libremente estrategias para la mejora continua y administración institucional.
La persona titular de la Secretaría Administrativa será nombrada y removida libremente por quien ocupe la Rectoría, además de que se le exigirá cumplir con el perfil idóneo para el cargo, por lo que además de cumplir con los mismos requisitos para ser rector de la BUAP tendrá que poseer el título de licenciado en disciplinas del área de Ciencias Económico-Administrativas, contar con experiencia profesional y con una trayectoria destacada en la gestión universitaria mayor a cinco años.
CONSULTA EXITOSA
La abogada General de la BUAP, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó que el 13 de junio se publicó el decreto mediante el cual se reformó la Ley de la BUAP, cuyos cambios apuntaron al fortalecimiento de la autonomía universitaria y a incorporar orientaciones en materia de derechos humanos, además de armonizarla con la Ley General de Educación Superior, por lo que se encontraban en la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico y sus reglamentos en un plazo no mayor a ocho meses.
Detalló que la participación dentro de la plataforma digital registró que, del total de participantes de la comunidad universitaria, 42.9 por ciento corresponde al alumnado, 70.8 por ciento de personal académico y 63.9 por ciento de administrativo.
Dicha consulta, que se llevó a cabo del 21 de agosto al 8 de septiembre, mostró que 5.8 por ciento que no se manifestó a favor de la reforma estatutaria proporcionó opiniones sobre la iniciativa, con lo que se acumularon un total de 150 mil comentarios y sugerencias que se tomaron en cuenta para presentarla a los consejeros universitarios y aprobarla.
En total se registraron 3 mil 335 propuestas en las cuales intervinieron 4 mil 49 universitarios interesados en este proyecto, con planteamientos a nivel individual y colectivo, y en 65 de 97 unidades académicas y dependencias administrativas la participación fue mayor al 50 por ciento.
Sobre las opiniones recabadas en la consulta que se relacionan con la gratuidad en la educación, la Abogada General de la universidad aclaró que esta transición debe ser gradual, pues depende de la disponibilidad presupuestaria derivada del financiamiento previsto por la Ley de Educación Superior para la BUAP.
Sin embargo, Miriam Olga Ponce aseguró que se buscará el apoyo de las autoridades federales y estatales para que las finanzas de la institución no se vean afectadas y se pueda concretar la transición y ampliación de la gratuidad en el servicio de la educación para los jóvenes que ven como una opción de continuar sus estudios a la máxima casa de estudios de Puebla.
AGRADECE RECTORA PARTICIPACIÓN
La rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, agradeció la amplia e histórica participación en esta consulta de la comunidad universitaria compuesta por alumnos, docentes, investigadores y trabajadores no académicos.
“Con mucha satisfacción puedo afirmar que este proceso es un ejercicio democrático, abierto, transparente y colaborativo, que cumple con los tiempos legalmente establecidos”, aseveró frente al Consejo Universitario.
Precisó que esta modificación al Estatuto Orgánico de la universidad es la continuación de la actualización de la Ley de la Benemérita Universidad con el propósito de armonizar y dar congruencia al estatuto para que se corresponda con diversos reglamentos que más adelante también serán revisados.
“Estamos desarrollando una agenda legislativa que sin duda será determinante para el futuro de la universidad, no sólo porque asegura la armonización con leyes federales, sino porque nos brindará las herramientas necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Institucional, al tiempo de garantizar la autonomía de la institución”, agregó la rectora Lilia Cedillo.
