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sábado, noviembre 23, 2024

Para inicios de 2024, resultados sobre pérdida de 600 mdp en Accendo Banco, informa la ASE

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La Auditoría Superior del Estado (ASE) anunció que a inicios de 2024 se informará al Congreso del Estado el origen y destino de los recursos invertidos en Accendo Banco, mientras que el esquema que implementaron los gobiernos estatales del PAN para la contratación de créditos fiscales se conocerá hasta finales del
siguiente año.

En mesa de trabajo con la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del ASE, los integrantes del órgano de fiscalización superior de la entidad respondieron ante los cuestionamientos sobre la revisión del gasto en la Secretaría de Finanzas de la administración estatal, y aseguró que se mantendrán el cargo para el que fue designada por los diputados locales.

“Seguiré trabajando como lo he venido haciendo desde el primer día que fui nombrada como auditora superior del estado de Puebla, seguiremos trabajando en el mismo sentido con responsabilidad, como lo hemos hecho con transparencia”, dijo.

El titular de la Auditoría Especial Forense, Gregorio Alberto Lozano García, señaló que derivado de la revisión preliminar de la Cuenta Pública 2021 no se tuvo conocimiento de la inversión en el Accendo Banco, por lo que se inició una nueva investigación en el manejo de dicho recurso.

En el muestreo de dicha cuenta pública, la Auditoría detectó que no se tenía incluida información sobre inversiones de recursos propios en instituciones bancarias, ya que deberían estar asentadas estas transacciones en el Capítulo 7000 de “Inversiones Financieras y otras Inversiones”.

“En el informe individual del ejercicio 2021 por cuanto hace al Ejecutivo del estado, mismo que fue entregado al Congreso del Estado el 28 de marzo de 2023, se revisó el recurso estatal de capitulo 7000 Inversiones Financieras y otras Inversiones por una cantidad de mil 481 millones de pesos en los cuales no se encontraron registros de inversiones con Accendo Banco”, detalló el auditor.

Ante esta situación, la Auditoría abrió una nueva revisión en la Cuenta Pública 2021, con énfasis en esta inversión en específico y los 600 millones de pesos que no se recuperaron tras la declaratoria de bancarrota de la institución bancaria, la cual se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas y una vez que finalice y se emitan las observaciones preliminares se le informará al Congreso sobre lo detectado.

Lozano García expresó que la entrega de este informe específico se daría a los diputados de la Comisión de Control de la ASE a inicios de 2024, una vez que se tenga claridad del origen de los recursos, ya que no se sabe si lo invertido por la Secretaría de Planeación y Finanzas fue recurso federal o estatal.

“En este momento se tiene una revisión abierta por ese mismo ejercicio 2021 con respecto a esa inversión de los 600 millones de pesos, el cual se encuentra en desahogo de procedimientos de auditoria y una vez que se emitan los resultados finales y observaciones preliminares, otorgaremos el plazo establecido en la ley para que se aclare lo que se tenga que aclarar; de lo contrario, haremos un informe especifico que será presentado ante este honorable congreso, y por supuesto que tenemos proyectado concluir con esta revisión y presentar el informe correspondiente para enero de 2024”, indicó.

Respecto a los 2 mil 600 millones de pesos que el gobierno del estado tuvo que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los créditos fiscales adquiridos en los gobiernos del PAN, Amanda Gómez refirió que también se encuentran dentro de un proceso de revisión para esclarecer el esquema que se implementó para la contratación de la empresa que lo ofreció y como fue operado.

En este caso, se tiene proyectado que las investigaciones emprendidas desde la ASE sobre dicho tema concluyan hasta noviembre del próximo año, para posteriormente entregar un informe detallado al Congreso local y determinar si se aplican responsabilidades administrativas.


Sobre el acuerdo que firmó la auditora para excusarse de los asuntos de cuentas públicas del Ejecutivo del Estado en el periodo en el que ella fue secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez aseguró que esta situación no afecta ningún procedimiento legal de control interno ni administrativo, derivado de que se conforma de un equipo de trabajo completo capacitado para desahogar todos los procesos.

Remarcó que al momento de nombrar al auditor forense Lozano García para conocer y atender la Cuenta Pública 2021 del Ejecutivo del Estado se le ha dado puntual seguimiento con apego a la Ley sin violentar los debidos procesos y sin caer en conflictos de intereses que comprometan la integridad de los mismos.

“Su servidora no conoce de la revisión de las cuentas públicas, de la fiscalización en sí, pero si conoce de números duros para integrar nuestros informes generales y el informe anual únicamente, pero en relación a la revisión de alguna cuenta publica del Ejecutivo en el tiempo en el que fui secretaria de la Función Pública o secretaria de estado no tengo conocimiento ni injerencia porque estaría violentando la ley, y porque también habría un tema de conflicto de interés”, recalcó.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, cuestionó que hasta el momento no se tenga conocimiento si los recursos que la Secretaría de Planeación y Finanzas decidió invertir fueron de procedencia estatal o federal, ya que de acuerdo con los datos que aportó la extitular María Teresa Castro eran recursos propios.

Lozano García comentó que al no formar parte de lo que informó la dependencia no se tenía certeza de ello, por lo que se abrió una investigación enfocado a ello. Asimismo, Amanda Gómez reiteró a los diputados locales que las puertas de la ASE están abiertas para que los diputados que tengan dudas sobre los procesos de auditoría que se llevan a cabo sean aclaradas.

La titular de la ASE también rechazó que los cuestionamientos recibidos en la mesa de trabajo se traten de una persecución política en su contra ya que ellos se encuentran en su derecho a revisar su trabajo.

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