Ante las críticas por el destino de casi mil 400 millones de pesos invertidos en el Banco Accendo y de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a funcionarios públicos que no fue reportado ante el Sistema de Administración Tributaria, serán las exsecretarias de Planeación y Finanzas y de Administración, María Teresa Castro Corro y Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, respectivamente, las responsables aclarar posibles daños cometidos a la hacienda del estado.
Pese a los señalamientos del PAN en contra de la auditora Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, por presuntas omisiones, el órgano fiscalizador del estado apenas comenzará con el estudio del manejo de recursos en la Secretaría de Planeación y Finanzas tras concluir la entrega-recepción con la actual titular, Josefina Morales Guerrero.
Esto procederá luego de que el pasado 14 de julio terminara dicho proceso tras la renuncia de María Teresa Castro Corro, por lo que el análisis del uso de los recursos recién comenzó la ASE.
La revisión a la cuenta pública 2022 involucrarán a las exsecretarias de Finanzas, Teresa Castro Corro; y de Administración, durante el periodo en que ocurrió la extraña “desaparición” de recursos con inversiones y pago del Impuesto Sobre la Renta.
Del 9 de junio al 7 de septiembre del 2021, Teresa Castro realizó 14 operaciones para invertir 3 mil 600 millones de pesos en el Banco Accendo, de las cuales 11 resultaron exitosas por alrededor de 3 mil 6 millones 127 mil pesos, mientras que, los últimos tres movimientos bancarios por un poco más de 600 millones de pesos, se vieron afectados porque la institución financiera fue declarada en quiebra, y con ella, la pérdida de la inversión se declaró.
En su momento, argumentó que las operaciones bancarias se realizaron debido a que la institución financiera contaba con las autorizaciones vigentes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en el país.
Sin embargo, las inversiones hechas el 7 de septiembre del 2021 por la cantidad de 606 millones 127 mil 503 pesos resultaron un error para la dependencia debido a que el 28 de ese mes, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordó revocar la autorización al banco por incumplimiento al mínimo de capitalización de la institución financiera.
Asimismo, Teresa Castro también tiene responsabilidad en el adeudo del pago del ISR al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre los periodos 2019 y 2020 por alrededor de 722.3 millones de pesos.
Este adeudo fue dado a conocer por la nueva secretaria de finanzas, Josefina Morales Guerrero, quien señaló que debido a un mal cálculo de las retenciones que se les hacía a los trabajadores del Estado fue que se pagó menos en dichos años.
En ese periodo hubo una diferencia de criterio, entre si la despensa que se paga en efectivo a los trabajadores del Estado era gravable o no al erario, cuando se entrega en especie o en dinero, resultando que cuando se entrega en efectivo sí era gravable, criterio que avaló la Secretaría de Administración que encabezaba Rosa de la Paz Urtuzuástegui.
El exsecretario de Finanzas, Jorge Estefan Chidiac, explicó que lo que generó la diferencia fiscal fue que el tema se dio a conocer en 2021 hasta que el gobierno del estado comenzó a trabajar con el nuevo criterio para el pago del ISR, y hasta 2022 se generó la diferencia para el gobierno de Puebla.
