Cuando de casos de ecocidio se habla, en Puebla, el nombre del empresario Gilberto Villa Huerta es uno de los más conocidos, sobre todo en la Sierra Norte del estado, donde desde hace cinco años es acusado por dañar impunemente un área protegida para usufructuar ganancias por la construcción de viviendas de interés social y conectarse a una red general de agua potable para surtir a un hotel de su propiedad.
La zona protectora federal vedada de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa fue decretada, desde el año 1938, por el entonces presidente Lázaro Cárdenas; cuenta con una superficie de 41 mil 691.5 hectáreas y abarca 13 municipios de los estados de Puebla e Hidalgo.
Su importancia es tal que, por allí, transitan ríos, manantiales y arroyos que son utilizados para obras hidráulicas con las que se produce energía y luz eléctrica que se destina para el alumbrado de la Ciudad de México y otras poblaciones, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
No obstante, la pureza de la cuenca del río Necaxa se vería afectada por la construcción de 60 casas que sin tomar en cuenta estudios de impacto ambiental y pese a ser zona protegida federal, es utilizada por el hotelero Gilberto Villa Huerta con intereses plenamente económicos.
Violación de sellos de clausura, allanamiento, uso indebido de sustracción y apoderamiento de agua son algunos de los delitos en los que el empresario habría incurrido, aunque el Ayuntamiento de Huauchinango ha hecho caso omiso de las denuncias ciudadanas al declarar nulidad de competencia.
DAÑAN ZONA PROTEGIDA
Desde 2019, habitantes del municipio de Huauchinango, especialmente los de la junta auxiliar de Patlaltoyeca y San Miguel Acuautla, han sufrido las consecuencias de los abusos que el empresario Gilberto Villa Huerta ha provocado para su comunidad al conectarse a redes generales de agua.
A pesar de no contar con la administración legal del vital líquido, el particular devastó bosques y manantiales que han dado sustento de agua a las poblaciones por más de 100 años y en donde más de mil 500 habitantes resultan afectados.
El tema ya es del conocimiento de las instancias a las que concierne la problemática: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); sin embargo, hasta la fecha no existe una sentencia firme para detener el ecocidio de la zona.
A lo sumo, la única sanción visible en contra de este empresario ha sido la colocación de sellos de clausura por parte de la Profepa, mismos que han sido violados en más de una ocasión e inclusive hay constante presencia de retroexcavadoras y de maquinaria pesada que pretenden construir viviendas de interés social.
Pero eso no fue todo: Gilberto Villa Huerta también decidió colocar un enrejado para evitar que sus vecinos husmearan en el lugar y de esta forma se percataran de las obras ilegales que se estaban desarrollando en el interior.
POBLADORES ENCARAN A VILLA HUERTA
A inicios de agosto pasado, pobladores de las comunidades de Patlaltoyeca y San Miguel, se apersonaron en la zona de la presa Necaxa para encarar de una vez por todas a Gilberto Villa y pedirle cuentas sobre la colocación de un enrejado y el porqué, se les había impedido transitar por la zona que se supone es derecho de vía de uso común.
Cerca de 50 afectados tuvieron audiencia con Gilberto Villa Huerta, según se aprecia en videos en poder de esta casa editorial, sin embargo, sus argumentos de defensa se basaron en que el alambrado que habían colocado únicamente era para delimitar su propiedad de la zona protegida.
Asimismo, en evidente semblante nervioso, justificó que los trabajadores de obra que ingresaban al lugar, a pesar de que la PROFEPA colocó sellos de clausura, estaban porque la autoridad únicamente prohibió la continuación de trabajos de deforestación que estaban provocando, más no se les impidió ingresar a la zona.
“Ese alambrado nosotros lo único que hicimos fue levantarlo porque hasta ahí llega nuestra propiedad, pero no quiere decir que ustedes no puedan entrar, no estamos alambrando para evitar que ustedes entren”, dijo a los quejosos.
BUSCAN A PRESIDENCIA
El hartazgo de los colonos provocó también una protesta a inicios de este mes por el daño ecológico del hotelero Gilberto Villa Huerta, en el que el presidente municipal, Rogelio López Ángulo, escuchó las demandas de los afectados, pero sin garantizarles una solución al conflicto toda vez que “estaba fuera de su competencia”.
Las demandas se centraron en que el empresario ha provocado tala inmoderada, afectaciones a la red de agua potable, el riesgo de que un muro colapse sobre la escuela primaria de la localidad y la intención del empresario de bloquear el acceso al manantial que surte de agua a los vecinos.
“El señor (Gilberto Villa) desde que llegó ha hecho lo que se le ha antojado, se tomó el agua que ha querido, les cobra el agua a todas las cabañas que ha vendido”, acusó uno de los inconformes al edil.
En respuesta, el presidente municipal sostuvo que “no podían hacer nada” porque “para eso están las instancias” y que únicamente podían actuar bajo su competencia, por lo que este abuso al medio ambiente tenía que ser resuelto por las instancias estatales y federales en la materia.
Algunos vecinos señalaron que la negativa se debió a que el alcalde tiene diversos negocios o es socio del hotelero, por lo que hizo caso omiso a brindar una respuesta positiva al problema.
LAS DENUNCIAS
De acuerdo con los inconformes, el problema se origina principalmente por documentos irregulares emitidos por el notario público número 2 del Distrito Judicial de Huauchinango, Elíseo Alfonso Ramos Vázquez, mismos que fueron usados para despojar de tierras y manantiales a los habitantes de la zona para llevar a cabo los desarrollos inmobiliarios.
Esto le ha valido al hotelero denuncias penales y civiles, marcadas en las carpetas de investigación FED/PUE/ZAC/0001389/2023; n.-FED/PUE/ZAC/0001390/2023; así como en la n.- FGEP/CDI/FIR/HUAUCHI-I/003643/023, donde el empresario es acusado principalmente por allanamiento.
Vecinos también tramitaron una orden de restricción a la zona protegida que quedó registrada con número de oficio 288/2023/HUAUCHI, misma que ha sido violada en más de una ocasión, toda vez que la lona que colocó la PROFEPA es retirada a conveniencia para avanzar en los trabajos de construcción de viviendas e inclusive han sido destruidos muros y portones para tal fin.
Hace aproximadamente un año y medio, Villa Huerta también fue acusado por presuntamente enviar civiles armados para ingresar a propiedades privadas y hacerse del control del suministro de agua de los manantiales.
Fue entonces que el pasado 9 de agosto, vecinos inconformes y representantes de PROFEPA acudieron al lugar para evidenciar la violación de sellos y la presencia de maquinaria pesada para la destrucción del bosque.
Los sellos de clausura han sido retirados durante el día para el paso de trabajadores y vehículos de construcción, en tanto que por las tardes vuelve a ser colocado para no levantar sospechas.
DENUNCIAS LLEGAN A INSTANCIAS
A fin de poder frenar el ecocidio y la falta de agua en las comunidades cercanas a la cuenca hidrográfica del río Necaxa, los vecinos reunieron firmas para solicitar que instancias apliquen las debidas sanciones. Una de estas fue dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT).
Otro oficio también fue enviado por el entonces presidente auxiliar de Patloltecoya, Esteban Cruz Vargas. Este fue recibido desde el 7 de agosto de 2019 por la delegación de la Profepa en Puebla y en el mismo se solicitaba su apoyo por un “problema grave de devastación y ecocidio” de bosques, toda vez que incluso se pretendía construir un hotel en el predio señalado.
En el escrito se hace también el señalamiento de que el hotel Forest, propiedad de Villa Huerta, no cuenta con un sistema de saneamiento de aguas residuales y los desechos orgánicos de más de 20 habitaciones, así como cabañas anexas, son derramados a cielo abierto y derramándose hacia el borde de la presa Necaxa.