La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, aprobó la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, con la cual se buscará indemnizar a los ciudadanos que sean víctimas de las omisiones del actuar de las autoridades estatales y municipales.
Los integrantes de la comisión aprobaron por unanimidad de votos el proyecto de dictamen de una ley que tiene más de 20 años de retraso en ser expedida, al no homologarla con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial de 2004.
La propuesta de ley establece que quedarán sujetos al cumplimiento de este ordenamiento el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo, a través de la Administración Pública Estatal, Centralizada y las Entidades Paraestatales; los Organismos Constitucionalmente Autónomos; los municipios a través de su Administración Centralizada y Paramunicipal; el Gobierno del Estado de Puebla y cualquier otro ejecutor de gasto de carácter estatal o municipal. Esta ley exceptúa a los notarios públicos como responsables de la reparación del daño.
De acuerdo con el artículo 7 de esta ley, los daños y perjuicios materiales que constituyan el daño patrimonial reclamado, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y diferentes a los que pudieran afectar al común de la población.
Para esto, los pagos de las indemnizaciones serán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en la Ley de Egresos del Estado de Puebla correspondiente, así como en los Presupuestos de Egresos de los Municipios.
Asimismo, el artículo 8 plantea que los Ejecutores de Gasto cubrirán las Indemnizaciones derivadas de la Responsabilidad Patrimonial que se determinen conforme a esta Ley, con cargo a sus respectivos presupuestos.
En los casos de daño moral, la autoridad competente según corresponda, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante. La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 39 mil 907 Unidades de Medida y Actualización, por cada reclamante afectado.
La presidenta de la comisión, Mónica Silva Ruiz, detalló que en caso de que se apruebe en el pleno, esta ley comenzaría a aplicarse a partir del Ejercicio Fiscal 2024, para lo cual solicitarán mesas de trabajo con la Secretaría de Planeación y Finanzas para que se destine para el siguiente año el 0.3 por ciento al millar del presupuesto de Puebla, lo que representaría un monto superior a los 15 millones de pesos.
“Es una iniciativa que tiene una fortaleza para poder responder ante cualquier situación de omisión o comisión de un actuar dentro de la administración o de cualquier ejecutor de gasto tendremos la posibilidad de poder indemnizarle a través de la fórmula o diversas fórmulas que vienen contempladas en esta nueva Ley de Responsabilidades”, destacó la diputada del Partido del Trabajo (PT).
Además, cada uno de los 217 municipios tendrá que hacer las previsiones presupuestarias en sus leyes de egresos para el 2024 correspondientes para cumplir con la ley y garantizar la indemnización para los ciudadanos.
