El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla tiene en la mira a María Gabriela N., Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, quien además de haber sido separada de su cargo, enfrenta un Proceso de Responsabilidad Administrativa.
Aunque de forma oficial no se ha dado a conocer cuál es el acto de presunta corrupción en el que habría incurrido, su separación del cargo estaría vinculada con el despojo de un predio a un empresario en la población de Ocotlán, Coronango, en 2017.
El Consejo de la Judicatura, a cargo de Carlos Palafox, señaló en un comunicado que el proceso de Responsabilidad Administrativa derivó de presuntas faltas cometidas en el desempeño del cargo, por lo que se ordenó su suspensión de manera provisional en tanto se dirimen las investigaciones.
“Lo anterior, permitiendo que la probable responsable conserve su calidad de inocente y sin que la suspensión previamente descrita prejuzgue o anticipe responsabilidades administrativas, en conjunción a los criterios que ha adoptado la suprema corte de justicia de la nación”, detalla la misiva.
El Pleno del Consejo de la Judicatura decidió colocar como Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula a Leonardo Treviño Musalem, quien cuenta con antecedentes por presuntamente haber recibido, en 2008, un soborno de 1.2 millones de pesos del exdirectivo del Club Puebla, Francisco Bernat Cid.
HISTORIA DE UN PRESUNTO DELITO
Robo, fraude, delitos cometidos en la administración de justicia y asociación delictuosa son los delitos que reconoce en el caso, la defensa del empresario Ricardo Gallegos Torres, quien resultó afectado luego de que, de un día para otro, una mujer llamada Liliana Portugal Robles se apersonó en un predio de su propiedad y con el apoyo de la fuerza pública se lo arrebató.
En esta trama, lo mismo está coludida la jueza de Cholula, María Gabriela Durán Gaspar, toda vez aun sabiendo que la construcción no era de la legítima propiedad de Liliana Portugal, facilitó un instrumento notarial de compra-venta para cederle los derechos del mismo.
Para tal fin, se valió de un juicio de incumplimiento de contrato que demandó Portugal con el primer propietario del terreno, Samuel Robles Torres, a quien en el expediente 1008/2017 del Juzgado Primero de lo Civil, presuntamente le había reclamado la entrega del inmueble con una sentencia ejecutoria a partir del 7 de septiembre de 2017.
En el programa Al Descubierto de Telebyn, Ricardo Gallegos detalló que en el predio que le fue despojado, localizado en la comunidad de Ocotlán, Coronango, tenía un negocio de venta de madera, sin embargo, éste le fue despojado al señalarle que no era de su propiedad.
“Estaban los empleados trabajando, llego yo y resulta que tenía una orden de desalojo. Traían el nombre del señor que anteriormente era dueño con la intención de desalojarme, no me dieron oportunidad de enseñar mis escrituras y había al interior alrededor de mil toneladas de madera”, dijo.
La juez María Gabriela N. no sólo autorizó ceder la propiedad a una persona que no lo era, sino que flagrantemente canceló las escrituras del señor Ricardo Gallegos, aparentemente para satisfacer acuerdos con la falsa compradora, Liliana Portugal Robles.
Después de casi cinco años de litigios, Gallegos Torres logró recuperar su propiedad, gracias a que contaba con un expediente promovido ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula para ser declarado “único y universal” heredero de su predio, además de contar con la escritura de compra-venta expedida por la Notario 1 de Puebla, Sandra Giovanna Rivero Pastor.
Otro punto a su favor fue que mostró un certificado de libertad de gravamen otorgado por el Registro Público de la Propiedad del distrito de Cholula donde se le reconocía como propietario.
A pesar de que el litigio falló a favor del afectado, el problema no terminó ahí, toda vez que, al entregarle su inmueble, se llevaron materia prima equivalente, presuntamente a 10 millones de pesos, por lo que interpuso una denuncia por robo.
Mientras tanto, la jueza de Cholula, Ana Gabriela N., involucrada en el despojo, ya se encuentra separada del cargo y con un procedimiento de responsabilidad administrativa en el Poder Judicial.
