La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vinculó a Facundo Rosas Rosas en la red de lavado de dinero que tenía como cabeza a Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por su relación con el Cártel de Sinaloa. El exfuncionario de la gestión morenovallista habría entregado ilegalmente contratos por 25.8 millones de dólares cuando fungió como comisionado General de la Policía Federal Preventiva.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), precisó que el también exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Rafael Moreno Valle tiene denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de la trama de lavado de dinero que encabezó su jefe político, Genaro García Luna, y que involucra a diversos exfuncionarios.
Gómez Álvarez detalló que los múltiples contratos fueron firmados durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mismos que no cumplieron con las condiciones legales.
Al igual que el exfuncionario, quien fue uno de los principales operadores del morenovallismo, son investigados otros personajes como Sonia Vargas Terrero, actual funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, responsable de la firma de contratos irregulares por 71 millones 600 mil dólares cuando fue directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura en el sexenio calderonista.
Otros personajes que también son investigados por una posible triangulación de recursos son Rodrigo Esparza Cristerna, excomisionado de la Policía Federal Preventiva, quien pactó convenios irregulares por 69 millones 100 mil dólares y Humberto Martínez González, director General de Apoyo Técnico de la Policía Federal, quien firmó recursos por 37 millones 875 mil pesos.
En cuanto a Rafael Avilez, exjefe de la División de Fuerzas federales, y Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Fuerzas Federales, sus erogaciones con vicios de corrupción fueron por 2.5 millones de dólares cada uno, mientras que José Roberto Cardoso, otrora director General de Recursos Materiales, entregó contratos por 12 millones de dólares.
El titular de la UIF apuntó que cuando un contrato contiene la firma de dos o más servidores públicos, la responsabilidad por el monto total se atribuye por igual a cada uno de ellos, por lo que aclaró que no se puede precisar una cantidad de recursos destinados de forma ilegal.
Precisó que la aparición de cada uno de los nombres señalados no es fortuita: todos ya están en la lupa de la FGR por haber firmado la mayor parte de los contratos con los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, a quienes se les atribuye ser cómplices del desvío millonario de recursos en Estados Unidos.
Estos convenios, a decir del titular de la UIF, fueron firmados para la supuesta contratación de servicios como sistemas de rastreo, localización de redes celulares y un sistema llamado Safecity instalado presuntamente en Ciudad Juárez, por mencionar algunos; todos fueron firmados a través de empresas que forman parte del mismo consorcio, entre estas la firma Nunvac.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero. Se procura que, a través de un juicio civil, sea restituido a México todos estos recursos”, abundó el titular de la UIF.
De acuerdo con información proporcionada por la UIF anteriormente, fueron 745.9 millones de dólares del erario los que fueron transferidos al extranjero mediante la triangulación de recursos a través de cerca de 30 contratos para la adquisición de inmuebles, automóviles de lujo y otros activos en Estados Unidos.
Esta presunta red manejada por Genaro García Luna estaba integrada por su esposa, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Natan Wancier Taub, Francisco Niembro González, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro y la familia Weinberg: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg, a través del mismo holding empresarial.
Debido a esta fuga de recursos, el gobierno de México presentó una demanda civil el 21 septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con dinero público.
