La presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla, Mónica Silva Ruiz, consideró que se requiere reformar el protocolo para la atención de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres, ante el 65 por ciento de denuncias que han sido desechadas en casi tres años desde de la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas.
En entrevista, la diputada del Partido del Trabajo (PT) consideró que el déficit de denuncias que han sido desechadas en este plazo evidencia que las autoridades electorales han sido omisas desde las solicitudes de medidas cautelares.
“Fallan los protocolos, que son los tiempos, tenemos que ir viendo en qué medida los términos que se tienen en cada una de las instancias o los recursos que se pueden incorporar por una queja de violencia política, hay que revisarlo”, enfatizó la legisladora petista.
Silva Ruiz ejemplificó esta situación con la denuncia de Erika De la Vega Gutiérrez, panista que acusó violencia política de género en contra del diputado local Eduardo Alcántara Montiel, de quien señaló tuvo que esperar dos años para que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emitiera una resolución sobre su demanda, y esta tuvo que impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La diputada local agregó que en otros casos donde se pide la implementación de medidas cautelares para la protección de las víctimas, el IEE no sustenta de forma debida las quejas y se niega la emisión de medidas de protección o de no repetición de la conducta en su contra, lo que consideró que deja a las denunciantes en un estado de indefensión.
“Hay que trabajar muchísimo más, sobre todo el tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género tiene que parar. Estamos ya próximos a un proceso electoral en el 2024, tenemos que darle garantías a las mujeres de que, en el momento de participar, así como en el ejercicio de sus funciones no van a sufrir ningún tipo de violencia; tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en la condición de los derechos político-electorales de las mujeres, y darle la garantía de que al momento de poder participar en esto no van a poder incluso poner en riesgo su vida”, manifestó Silva.
La diputada del PT añadió que falta voluntad política por parte de todos los legisladores del Congreso del Estado para reforzar el marco normativo que agilice los protocolos que sancionen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
