El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reiteró que el estado agotó todas las instancias jurídicas para defender los intereses del gobierno en el litigio contra el SAT, sin embargo, reveló que la administración morenovallista trató de evadir el pago de impuestos, lo que se acumuló en el crédito fiscal por 2 mil 600 millones de pesos que se pagó el pasado 5 de abril a la autoridad fiscal federal.
En su conferencia de prensa, el mandatario enfatizó que el estado tuvo que responder por las acciones de gobierno que en aquel entonces determinó dejar de enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria, buscando evadir su responsabilidad y provocó una acumulación millonaria.
Este lunes el periodista Mario Alberto Mejía reveló que el 10 de julio de 2019, durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, el área jurídica de la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Jorge Estefan Chidiac, obtuvo una nulidad de fondo dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sergio Salomón Céspedes indicó que la responsabilidad de origen fue la contratación de la empresa Sistemas LAC S.A. de C.V. en 2015, la cual sugirió a la administración, encabezada por Rafael Moreno Valle, la posibilidad de evadir impuestos.
“El origen de esto está en el haber contratado a una empresa asesora que propuso al estado en su momento el poder evadir ese tipo de impuestos, fue el tema evadirlos, no pagarlos, y en su momento les vendió una fórmula maravillosa, el estado en su momento decidió no hacerlo y entonces dejó de pagar impuestos”, reveló.
El mandatario reiteró que, desde el interinato hasta el gobierno de Miguel Barbosa, se agotaron todas las instancias jurídicas, sin embargo, no se trataba de perder o ganar el caso, sino de generar las condiciones necesarias para evitar que se generara un mayor impacto para el Estado.
“Sí hay que tener mucha calidad en ello, más allá de si peleamos o no peleamos, estábamos defendiendo lo que nos estaban imputando a nosotros, asumiendo que nosotros no habíamos generado ese tema. Sin embargo, acuérdense que no son las personas, sino es el estado el responde por las acciones de gobierno”, puntualizó.
De acuerdo con el periodista, entre agosto de 2019 y diciembre de 2022 los abogados de la Secretaría de Planeación y Finanzas “lejos de culminar el puntual litigio, realizaron una deficiente y poco pulcra defensa jurídica”, según cita.
Si bien al destapar este caso la semana pasada se mencionó sobre una devolución de recursos al SAT, en realidad el morenovallismo engañó al SAT para obtener una compensación indebida para lo cual contrató a Sistemas LAC, la cual cobró por sus servicios alrededor de 360 millones de pesos.
PROCURADURÍA FISCAL LLEVÓ EL CASO
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado, Jonathan Ávalos Meléndez, explicó que la Procuraduría Fiscal del estado llevó el juicio en contra del Sistema de Administración Tributaria, el cual perdió en última instancia.
Confirmó que en 2019, durante el interinato a cargo de Guillermo Pacheco, el gobierno del estado obtuvo una nulidad lisa y llana en contra del crédito fiscal fincado por el SAT, contra el cual la autoridad federal promovió un recurso de revisión fiscal y un tribunal colegiado en materia administrativa revocó esta determinación.
Ante ello, la Procuraduría Fiscal interpuso un amparo directo como “última instancia y último juicio de control constitucional”, el cual fue resuelto en contra del estado y confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“La estrategia o la línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la que este gobierno, por medio de la Procuraduría Fiscal, intentó, después de esa resolución la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió una nueva determinación en cumplimiento al fallo, la cual no fue benéfica para los intereses del estado”, explicó Ávalos Meléndez.
Tras la derrota en el tribunal administrativo, ocurrida en el pasado reciente, el gobierno actual decidió liquidar el pasado 5 de abril los 2 mil 600 millones de pesos generados a lo largo del proceso en aras de que los intereses no siguieran creciendo.
Desde 2012, la administración de Rafael Moreno Valle Rosas mañosamente buscó obtener del SAT un estímulo fiscal para el estado, pero no fue sino hasta 2015 cuando mediante trampas legales, consiguió la compensación de 700 millones de pesos producto de un estímulo derivado de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que resultó ser ilegal y llevó a la actual administración a ser sancionada.
