La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Gayosso Ponce, se pronunció a favor de que se aclaren las observaciones a las finanzas durante la gestión de Héctor Sánchez Sánchez por casi mil millones de pesos detectadas por la Auditoría.
“Todo se tiene que investigar, se tienen que llevar a cabo las investigaciones, cada órgano es el que sabe, a partir de su responsabilidad, los caminos que hay que seguir, sí hay que investigar, se tiene que investigar”, dijo.
En una breve entrevista, la magistrada presidenta del TSJ indicó que este tema debe ser resuelto por el órgano interno de control del Poder Judicial, pues deben ser atendidas las observaciones que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Y es que durante el ejercicio fiscal 2021, el entonces presidente del Tribunal, Héctor Sánchez Sánchez, habría incurrido en un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública del Poder Judicial del Estado por 938 millones 872 mil 428 pesos.
Según el informe de la cuenta pública realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el que inició seis pleitos de observaciones en recursos ejecutados no solventados y dos solicitudes de aclaración del ejercicio de recursos por el TSJ el 2021, se requirió la presentación de facturas.
Los elementos de revisión de los pliegos de observaciones por presuntos daños patrimoniales son los de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones”; “Productos”; “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación”; y “Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente”, asentados entre los ingresos y egresos ejercidos en 2021.
La mayor irregularidad se detectó en el Capítulo 1000, referente a las remuneraciones de personal al servicio de los entes públicos —salarios, sueldos, dietas, honorarios o prestaciones—, donde el tribunal omitió la presentación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que avalan la retención de dichas remuneraciones por un monto de 688 millones 054 mil 298 pesos.
La Auditoría concluyó que en este elemento de revisión no se proporcionó el soporte documental que demuestre la integración del “Capítulo 1000 Servicios Personales”, por lo que tampoco fue posible conocer las bases para la determinación de la Retención del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
La ASE también observó 40 millones 428 mil 326 pesos por la diferencia de los recursos asignados y ejecutados por el tribunal para gastos referentes a obra pública, servicio integral de digitalización e indexación de expedientes del archivo judicial y al pago de seguros de 24 vehículos propiedad del Poder Judicial del Estado de Puebla y 34 vehículos a nombre del Gobierno del Estado.
Cuestionada al respecto, Gayosso Ponce se pronunció porque sea investigada esta serie de irregularidades que integró la ASE en su informe, además de que serán los órganos internos correspondientes los que den seguimiento al caso para solventar las irregularidades.
Tras la reforma que impulsó el exgobernador Miguel Barbosa al Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez dejó la presidencia de este poder, y en su lugar fue electa la magistrada Margarita Gayosso.
