El conflicto al interior de la Fundación Mary Street Jenkins revivió este lunes, luego de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, a cargo de José Daniel Vázquez Millán, dio un paso para la conformación de un nuevo patronato supuestamente afín a Guillermo Jenkins de Landa.
La medida provocó un descontento dentro del grupo cercano a los seis integrantes de la familia Jenkins, quienes cuentan con órdenes de aprehensión al estar involucrados en el envío a paraísos fiscales de 630 millones de dólares (alrededor de 12 mil 689 millones de pesos) para desfalcar a la Fundación.
En un comunicado lanzado en sus cuentas oficiales, acusaron que José Daniel Vázquez resolvió el 4 de marzo un procedimiento administrativo para remover a la fundación que actualmente se encuentra constituida en Zapopan, Jalisco, para colocar a sus alfiles, lo que supuestamente es un “atropello al estado de derecho”.
Los quejosos afirmaron, aunque sin pruebas, que dicho procedimiento fue motivado por Guillermo Jenkins de Landa, quien, tras ser expulsado de la Fundación en 2013, denunció que algunos de sus familiares modificaron los estatutos establecidos por su abuelo, William O. Jenkins, para hacerse de los recursos millonarios.
El nuevo patronato según acusa la Fundación Jenkins, estaría conformado por Óscar Alejandro Franco Salazar, Antonio José Francisco Caballero y Fernández, Alejandro Sepúlveda Ortega y Pablo Jenkins Gavito, lo que a su parecer revertiría decisiones establecidas anteriormente por el Poder Judicial de la Federación.
Los integrantes de la fundación además solicitaron al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, atraer el caso para que se mantenga en el poder el patronato ligado a los Jenkins, que se mantienen prófugos de la justicia.
LA HISTORIA
Era el año 1954, el patriarca William O. Jenkins creó la fundación que lleva su mismo apellido junto a una serie de estatutos para proteger los recursos de manos de sus familiares y que a lo sumo, pudieran recibir una pensión mensual.
En 2012, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla permitió, con el apoyo del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, que el patrimonio base de la fundación quedara en 90 millones de dólares, el mismo monto que se utilizó para crearla el 24 de octubre de 1958, en tanto que los 630 millones restantes quedaron a libre disposición para usarse en beneficencia, así como para fines comerciales y financieros.
En respuesta, Guillermo Jenkins de Landa denunció penalmente a los demás integrantes del Patronato por el cambio de los estatutos y los vicios de sustracción al mismo, lo que le valió que fuera defenestrado a la brevedad.
Esa situación facilitó el saqueo a la Fundación Mary Street Jenkins fue el movimiento de la sede en 2014 a Guadalajara, al mismo tiempo que se creó la Fundación Bienestar de Filantropía en el estado de Aguascalientes, cuyos patronos eran los mismos integrantes de la familia y donaron todo el patrimonio a la nueva institución.
Entre el 9 y 15 de diciembre de 2014, los Jenkins de Landa autorizaron que la otra institución se instalara en el paraíso fiscal de Barbados y un año después la Fundación Bienestar de Filantropía se movió ahora a Panamá por “así convenir a sus intereses”, lo que facilitó la triangulación de recursos.
Aunque en mayo de 2018 la entonces Procuraduría General de República determinó el No Ejercicio de la Acción Penal respecto de la denuncia de Guillermo Jenkins por el desfalco, en julio de 2020 la Fiscalía General de la República dio un revés al resolutivo por los delitos de lavado de dinero, fraude, delincuencia organizada, evasión fiscal, entre otros, por lo que fueron giradas órdenes de aprehensión.
La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla también presentó en marzo de 2021 una denuncia penal por el desfalco de los 12 mil 889 millones de pesos a la Fundación y decidió colocar a un nuevo patronato presidido por Horacio Magaña.
El conflicto provocó en cascada cambios en la Fundación Udlap y fue entonces que un juez civil ordenó la entrega del control y administración del campus universitario al nuevo patronato. El conflicto se debatió en tribunales durante 8 meses hasta que la universidad abrió nuevamente sus puertas en febrero de 2022.
