Jorge Cruz Lepe, secretario de gobernación municipal de Puebla, no debe tomarse como personal la sanción de cárcel que se aplicará a los funcionarios que sean omisos y permitan la venta de alcohol de manera irregular en las calles de Puebla, señaló el diputado del PAN, Eduardo Alcántara Montiel.
En entrevista, el coordinador del grupo legislativo del PAN expresó que esta reforma al Código Penal fue bautizada como Ley Lepe, porque el actual responsable de la política interna en la capital ha permitido la proliferación de la comercialización de chelerías en las colonias y juntas auxiliares.
Alcántara Montiel externó que luego de una fiesta de Halloween en el salón Country de la colonia San Manuel, donde varios menores resultaron intoxicados con bebidas alcohólicas, ha quedado en evidencia que la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial del municipio ha actuado de forma omisa para atender denuncias ciudadanas de este tipo de hechos.
“Pudiese generar incomodidad, pero al final de cuentas a la mejor la connotación no es mala porque la omisión que quedó de manifiesto fue de la Secretaría de Gobernación Municipal y por eso la llaman Ley Lepe, entonces, espero que no se lo tomen personal, más bien es un tema que tienen que entender que hay que asumir responsabilidades y no pueden estar escondiendo la cabeza cada vez que sucede un problema en la ciudad y la gente está esperando que le resuelvas sus problemas”, comentó.
Alcántara Montiel enfatizó que tanto Cruz Lepe como todos los funcionarios públicos deben asumir su responsabilidad y hacer valer la ley para proteger a los menores que tienen acceso a las bebidas embriagantes sin ninguna restricción, ya que su consumo sin control incrementa la posibilidad de riñas que terminen con consecuencias fatales.
El legislador local del PAN también hizo un llamado al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez para que haga una revisión a fondo del funcionamiento de los miembros de su gabinete y, en caso de que no entreguen resultados, que contemple el relevo en las dependencias correspondientes.
El dictamen plantea castigar con penas de 2 a 5 años de prisión al funcionario público que incurra en omisiones y no atienda los reportes ciudadanos al vigilar el cumplimiento de normas en comercios de venta de bebidas alcohólicas, y que lo hagan sin la autorización legal correspondiente.
También se castigará con prisión de 3 a 6 años al que venda o tenga actividad lucrativa por distribución de bebidas alcohólicas sin permiso o licencia de la autoridad correspondiente, así como a quienes consuman en lugares sin permiso para la enajenación de bebidas alcohólicas, se le aplicará una sanción de 6 meses a un año de prisión.
