A cuatro meses y medio de la intoxicación de menores de edad en una fiesta en un salón social de la capital poblana, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó el proyecto de dictamen por el que sancionarán hasta con cinco años de prisión a las autoridades municipales que permitan la venta ilegal de alcohol a menores de edad en salones sociales.
En sesión ordinaria, los diputados de la comisión aprobaron por unanimidad de votos la reforma que se presentó tras la intoxicación de jóvenes en el Salón Country de San Manuel, el 30 de octubre de 2022.
El dictamen establece que se castigará con penas de 2 a 5 años de prisión al funcionario público que incurra en omisiones y no atienda los reportes ciudadanos para vigilar el cumplimiento de normas en comercios de venta de bebidas alcohólicas, y que dichos establecimientos lo hagan sin autorización legal correspondiente.
También se incorpora la pena de prisión de 3 a 6 años al que venda o tenga actividad lucrativa por distribución de bebidas alcohólicas sin permiso o licencia de la autoridad correspondiente; y quienes consuman bebidas alcohólicas en lugares sin permiso para la venta o enajenación de estas se le aplicará una sanción de 6 meses a un año de cárcel.
Esta iniciativa se presentó tras una fiesta de Halloween celebrada en el Salón Country de la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla el 30 de octubre, en el que jóvenes de preparatoria se encontraban en la calle en estado de intoxicación alcohólica.
El coordinador de la bancada del PAN y promovente de la iniciativa, Eduardo Alcántara Montiel, comentó que no se deben repetir los hechos en los que se expuso la salud de los menores de edad y que fueron exhibidos en videos.
En ese sentido, recordó que hubo omisiones por parte de la autoridad del municipio de Puebla, quienes tuvieron conocimiento de los hechos a través de las redes sociales y no se contó con la presencia de elementos de Normatividad y Regulación Comercial ni de Protección Civil municipal.
En su intervención, el diputado Jorge Estefan Chidiac celebró que se presentara esta iniciativa tras los hechos suscitados a finales del año pasado, apuntando que fue lamentable ver en ese estado a los jóvenes de la capital.
Cuando ocurrieron los hechos, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez lamentó lo sucedido, pero justificó la falta de intervención del municipio ante la falta de elementos de Protección Civil y de inspectores de normatividad, para estar presentes en todos los puntos de la ciudad.
Tras darse a conocer el caso de intoxicación de los jóvenes, el director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, señaló que no le correspondía a su dirección atender el caso a pesar de que dieron los permisos correspondientes para dicha fiesta en el salón social de fiestas.
Sin embargo, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez reconoció que era facultad de dicha unidad investigar lo sucedido en el evento y presentar denuncias en caso de que se comprobara que hubo venta ilegal de alcohol o de alcohol adulterado, pues no se tenía permiso para ello, aunque también pidió a los padres de familia y jóvenes que acudieron al evento denunciar posibles delitos.
