Bien advertían las activistas y feministas hace unos días sobre quienes están dispuestos a capitalizar y hasta lucrar políticamente con su lucha. Una vez aprobadas en el Congreso del estado las leyes Monzón y Ácida, no faltó quienes intentaran montarse en el tema para sacar algún tipo de beneficio en su imagen política. En realidad, que dichas leyes hayan sido aprobadas es una obligación de los legisladores locales ante los temas que laceran y carcomen nuestro tejido social. Y, en todo caso, si hay un triunfo es para las víctimas de esos atroces comportamientos que, pese a su gravedad y salvajismo, no tuvieron miedo para alzar la voz, presentarse en cuanto foro hubiera, plazas públicas y esperar pacientemente a que alguien las escuchara en su búsqueda de justicia. Si bien es digno de reconocer la apertura y sensibilidad de las legisladoras de todas las bancadas para empujar en comisiones las iniciativas, tampoco debe olvidarse que es parte de su trabajo y mal haría en dejar de lado temas tan complejos de urgente resolución. El hecho de que Puebla sea el primer estado del país en legislar sobre la patria potestad de padres feminicidas o sancionar duramente los ataques de ácido contra mujeres es un gran paso hacia el combate de tales lacras, pero insistimos que es producto de la gran lucha impulsada por las víctimas y sus familiares, a quienes la vida les cambio radicalmente. Sumado a su padecimiento y dolor, en medio de las circunstancias más desfavorables, sin recursos económicos para hacer frente a su nueva realidad no olvidaron el día en que les dijeron que no podían hacerles justicia porque la ley simplemente era obsoleta. A partir de ahí, comenzó otro calvario. Pocas veces como sociedad tenemos la oportunidad de presenciar un acto de justicia -eso es realmente trágico y deplorable- y por eso cuando ocurre no queda más que solidarizarse con las víctimas y aquellos que hicieron posible que no haya más impunidad.
ESPECTACULARES, PISO PAREJO
Una muestra de la nueva realidad política en la entidad poblana es la confirmación del gobernador Sergio Salomón Cépedes Peregrina de que en los próximos días comenzarán a retirarse los 48 anuncios espectaculares de todos los aspirantes a la gubernatura que comenzaron a promocionarse ilegalmente. Siendo gobernador Miguel Barbosa Huerta se aprobó una reforma electoral que canceló la posibilidad de que todos aquellos con aspiraciones políticas, mediante artimañas como portadas de revista, promoción de libros o lo que ocurra, se promocionen en espacios publicitarios como puentes, macro anuncios, medallones de transporte público, entre otros. El hecho de que Céspedes Peregrina esté dispuesto a llevar hasta el final el cumplimiento de la ley permite poner un alto a todos, garantizar el piso parejo y apegado a la ley. Este tipo de condiciones políticas no solo es indispensable sino que permitirá que los ánimos no terminen por caldearse todavía más y la elección que todavía no inicia llegue como una papa caliente. Sergio Salomón es el encargado de regular la sucesión en Casa Aguayo y de eso a nadie le queda duda.
