El Congreso del Estado avanzó en el cumplimiento de la reforma a la Constitución del estado en materia del Poder Judicial, con la expedición de las cuatro leyes secundarias que le darán forma a la Sala Constitucional, el Centro de Justicia Alternativa y el Instituto para la Profesionalización de la Defensoría Pública.
El Pleno del Congreso local aprobó los cuatro dictámenes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, con lo que se cumple con el artículo Cuarto Transitorio del decreto que avala la reforma constitucional de octubre del año pasado.
Con estas reformas se expide la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Ley de Carrera Judicial y Ley Orgánica de la Defensoría Pública.
Con estas leyes se crea el Centro de Justicia Alternativa como un órgano público descentralizado del Poder Judicial y durante la atención de los casos, los juzgadores deberán informar sobre estos mecanismos alternativos para ofrecerlos como una posibilidad y los interesados pueden solicitar apoyo al Centro para la mediación en ellos.
También se constituye el Instituto Especializado para la Defensoría Pública del Estado, mismo que estará sujeto al Consejo de la Judicatura del Estado y contará con autonomía para su gestión.
De acuerdo con la declaratoria que manifiesta aprobado el Decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en Materia Judicial, publicado el 24 de octubre de 2022, la reforma entró en vigor al día siguiente, el 25, y se le dio 120 días al Congreso del Estado para la expedición de leyes secundarias, por lo que la fecha para la aprobación de estas leyes sería el 21 de febrero de este año.
El decreto también establece que una vez entre en vigor la presente reforma constitucional, el Congreso del Estado de Puebla deberá, en su caso, convocar, en un plazo de 180 días, a una consulta a las comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo y elaboración de una ley secundaria que establezca el sistema de justicia indígena.
En un plazo de 120 días, el Consejo de la Judicatura debía rendir un informe sobre el cumplimiento de la reforma constitucional al Congreso del Estado, hasta que se llegue a su cabal implementación.
Asimismo, se debe cumplir con el nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pues pasó de estar conformado por cinco magistrados a siete.
