Un nuevo nivel de dudas fue desbloqueado en el Congreso de Puebla. El responsable fue el propio presidente la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López. Lo que debía ser un mensaje de unidad por la dictaminación de reformas tan esperadas como la Ley Ácida y la Ley Monzón terminó en un choque directo entre los diputados de Morena y PT. Todo surgió cuando el también coordinador de la bancada de Morena aprovechó que tenía el uso de la palabra para “dejar en claro” que la Ley Monzón es una ley sin nombre. “El Congreso está legislando leyes que no tienen nombre, para eso está la fiscalía y las áreas correspondientes”, dijo muy orondo y sácale. No conforme, remató: El nombre jurídico de esa ley es “retiro de la patria potestad”. Sus palabras evidentemente desataron la molestia de los otros legisladores reunidos, pero fue Mónica Silva Ruiz, la presidenta de la Comisión de Gobernación, quien le explicó que la Ley Monzón “tiene una razón y un motivo” y es nada más y nada menos que surge de “una realidad y un tema tan crudo (como) lo que sucedió con la vida de Cecilia Monzón Pérez que originó esta iniciativa”. Ya encarrerada le explicó que hay iniciativas como la Alerta Amber, la Ley Olimpia, y otras que han surgido para reconocer a sus víctimas y representa la forma de hacer justicia a las víctimas. Insistimos: Reto desbloqueado.
MENTIRAS ESTILO EMPRESARIAL
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, alias Taico, por fin dejará este miércoles la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla y se va en medio de varias mentiras con finalidad de hacer creer que durante su gestión todo fue miel sobre hojuelas. Un caso que vale la pena destacar es el famoso predio que el exgobernador Melquiades Morales Flores donó en 2004 al sindicato empresarial en la zona de Reserva Territorial Angelópolis —sobre la avenida Cúmulo de Virgo—. El terrenito de 20 mil metros cuadrados debió convertirse en la sede del CCE y ser un centro promotor de inversiones, pero los años pasaron y nadie se tomó la molestia de construir nada. Era, por decir lo menos, un predio ocioso. Al asumir el poder, Rafael Moreno Valle —ambicioso como era— les arrebató 14 mil metros a los empresarios incumplidos. Los restantes 6 mil metros, entonces, fueron entregados —vía el CCE— a la empresa Blue Coin para que desarrollara un proyecto inmobiliario, conocido como My Resident, el cual terminó siendo una estafa y con un fétido olor a lavado de dinero. En 2020, Miguel Barbosa Huerta tomó la decisión de quitar el predio a los empresarios ante su inacción y falta de compromiso. Ignacio Alarcón explicó en ese año que estaban en medio de un litigio con Blue Coin por el incumplimiento, pero aun así la administración ganó el juicio ante los tribunales. Una de las alternativas que pretendían concretar en el CCE era la devolución del predio a cambio de que el gobierno del estado pagara los costes de la defensa jurídica contra Blue Coin, los cuales cual corría a cargo de Fernando Treviño Núñez, expresidente del CCE e integrante del grupo conocido como Los Cuatro Fantásticos que durante varios años han tenido sometido al organismo empresarial. En otras palabras: perdiendo también pretendían ganar. Al final, Barbosa accedió —tras meses de ruegos y súplicas del CCE— a permitirles el uso de 2 mil metros cuadrados. El predio sigue ahí ocioso como siempre y en espera de que empresarios con palabra y talento lo utilicen correctamente.
