El secuestro de la asociación civil denominada “Usuarios del Sistema de Agua Potable de San Jerónimo Caleras”, fundada desde hace más de tres décadas, provocó que cuatro pozos que surten del vital líquido a la junta auxiliar cesaran su operación de manera regular, provocando afectaciones a más de 300 usuarios.
Sin embargo, a pesar de que la Secretaría de Gobernación municipal, a cargo de Jorge Cruz Lepe, tiene en expedientes de quejas ciudadanas sobre los excesos en el manejo de los recursos durante la gestión que presidió un hombre llamado Gonzalo Cebada de 2013 a 2016 y su sucesor, Braulio Flores Rojas, nada se ha hecho para poner en cintura al comité de administración.
Hoy, el socio fundador del Sistema de Agua, Roberto Conrado Cholula, así como un grupo de vecinos inconformes, exigen la rendición de cuentas por parte de los anteriores administradores del Sistema, así como anunciaron una convocatoria para el siguiente domingo 19 de febrero, en la cual buscan que se defina a los candidatos para consolidar un nuevo consejo de directores durante el periodo 2023-2026.
Durante los últimos años, el funcionamiento de la red de agua potable ha dejado más problemas que beneficios estando al mando de particulares con dudosa experiencia en el manejo y suministro del líquido, toda vez que su descuido los ha llevado a tener fugas y el agua llega a los hogares con poca fluidez.
A decir de Leticia Cebada, una de las vecinas afectadas, el agua en las viviendas calerenses cae una vez por semana, por lo que han tenido que realizar la compra de pipas con valor de 400 pesos, mientras que con el Sistema que distribuye el servicio el pago era de 100 pesos al mes.
“Los problemas que hemos tenido es que nos echan el agua una vez a la semana y tiene un problema porque tenemos que ocupar pipas, el servicio no es regular”, acusó.
Por otro lado, según los estatutos, el consejo directivo tendría que estar convocando a asamblea por los menos una vez al año para informar sobre el estado financiero que guarda la asociación civil. Sin embargo, esto no ha ocurrido en las últimas administraciones.
Los inconformes señalan además que el problema del desabasto de agua tiene que ser resuelto entre los socios fundadores y el consejo directivo, siendo que estos tienen injerencia en el tema, no obstante, buscan evitar que la operación del servicio quede en manos de la concesionaria Agua de Puebla, al ser patrimonio de la asociación civil, es decir, buscan que el problema se resuelva entre particulares.
De acuerdo con el contador Hugo Sánchez Quintero, integrante del grupo de inconformes, este monopolio del consejo de directores ha evitado que personas ajenas a su grupo puedan ser integrantes de la operación del agua, alegando que no cuentan con la experiencia para desempeñar el cargo.
Actualmente, la operación del suministro de agua es manejada por un sujeto llamado José Ramos Poblano, quien con el apoyo del asesor Gerónimo Romero, ha evitado a base de intimidaciones que se cree un nuevo consejo directivo.
“No perseguimos otro interés más que el agua, ayer tuvimos una reunión con vecinos de San Juan y San Jerónimo que no les cae agua. Nosotros sacamos la convocatoria para la elección del nuevo consejo de directores en el contexto del reglamento de los estatutos de la asociación civil”, apuntó.
Desde el mes de marzo de 2021, en la gestión de la morenista Claudia Rivera Vivanco, la problemática de los sistemas hídricos en el municipio salió a la luz, luego de que el gobierno municipal desconocía cómo operaban los Comités de Agua, lo que provocó que a finales de ese año, cuatro juntas auxiliares se quedaran sin el suministro por un adeudo de particulares a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por tal asunto, la entonces regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, presentó ante el Cabildo, un punto de acuerdo donde se exhortaba a las dependencias a instalar mesas de trabajo con los Comités, además de reunir información administrativa de los títulos de concesión, datos de propiedades de los pozos y permisos de operación de descarga de aguas residuales, a fin de que hubiera cobertura en el municipio del vital líquido.
