Un día, cuando todo esto haya acabado, cuando todos estemos muertos, llegarán historiadores que hurgarán en la basura y en los archivos para narrar una trama surrealista: la que hemos vivido en Puebla en los últimos años.
No es normal que un exgobernador y quien se supone que sería su sucesor estén en una cárcel de alta seguridad.
Uno, por temas de tortura a una periodista.
Otro, por ser el autor intelectual de un asesinato perpetrado en contra de la madre de su hijo.
No es normal, tampoco, que tres exgobernadores hayan fallecido entre 2018 y 2022, y que uno más esté oculto en un enorme bosque de Texas.
Todo esto lo hemos normalizado, lo sé, pero no es normal que se haya caído un helicóptero con dos de ellos dentro.
¿Qué hallarán los historiadores que en unos cien años hagan el recuento de esta trama?
Encontrarán evidencia de decadencia, escapismo y aislamiento —como diría el célebre periodista Edward R. Murrow (el de “Buenas noches, y buena suerte”) en un discurso histórico—, pero también hallarán restos de una guerra emprendida desde dentro por un gobernador —Miguel Barbosa Huerta— que acabó —¿para siempre?— con un modelo de negocios camuflado en programa de gobierno.
Esos historiadores se toparán con un estado de la República que ha vivido en la zozobra de un tiempo a esta parte, y a la mitad de su investigación hallarán los restos de un denso vaho semejante a las virtudes humanas.
Cuando, en aquel invierno de 2018, Rafael Moreno Valle subió al helicóptero que los llevaría a él y a su esposa —la gobernadora Martha Erika Alonso— a la residencia de sus padres, en Lomas de Chapultepec, tenía en la cabeza la Presidencia de la República en 2024.
No le sirvió de nada el fuero senatorial a la hora en que el helicóptero se vino abajo.
Ella, en tanto, empezaba a dibujar un gobierno efímero que apenas duró diez días.
Del otro lado de la historia, don Miguel Barbosa había sido víctima de un fraude electoral que culminó con la colusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lejos de cualquier cargo público a nivel federal —ofrecimiento hecho por el presidente López Obrador en su momento—, había decidido hacer la resistencia desde fuera: en la plaza pública.
Incluso ya había organizado una especie de comité de lucha que enfrentaría al gobierno de Martha Erika Alonso todos los días.
Tras la caída del helicóptero, todo cambió.
Y don Miguel volvió a ir a una campaña electoral para llegar, por fin, a Casa Aguayo.
Este ejercicio de tenacidad sólo encuentra una analogía en la lucha de años del presidente López Obrador.
No se llega al poder después de algo como esto para que todo siga igual.
Por eso, desde el primer día, el gobernador recientemente fallecido empezó a desmontar el modelo de negocios creado por sus antecesores.
Y fue más allá al meter a la cárcel a decenas de personajes ligados a diversas tramas de corrupción.
La cereza del pastel fue su reforma al Poder Judicial.
Frescos están los días, narrados por el propio gobernador Barbosa a quien esto escribe, en los que éste se hallaba en el hospital —tras haberle sido amputada una pierna—, y al encender el televisor vio desde su cama que López Obrador había sido víctima de un doble infarto al corazón.
¿Qué año era aquel?
Finales de 2013.
¿Qué pensó el entonces senador Miguel Barbosa?
“Nos están aniquilando”.
Cuatro años después de esa fecha, ambos ya estaban prácticamente en campaña para cambiar el orden de las cosas.
Por eso, un día, cuando todo esto haya acabado, cuando todos estemos muertos, llegarán historiadores que hurgarán en la basura y en los archivos para narrar esta trama surrealista que hemos vivido en Puebla en estos últimos años delirantes.
