La diputada petista Mónica Silva Ruiz es quien siempre estuvo detrás de los tres funcionarios del Poder Judicial estatal que ahora son investigados por la Fiscalía General del estado (FGE), por presuntamente incurrir en actos de corrupción y que provocaron la renuncia de su esposo Héctor Sánchez Sánchez de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Pero vamos a darle un poco de contexto a esta historia: la semana pasada el periodista Álvaro Ramírez Velasco reveló que hasta el momento hay tres carpetas de investigación en la FGE.
Y me permito citar un extracto de su columna:
“1.- Patricia Géniz Vieyra, quien fungió como directora del Despacho del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, con un tema muy grave, que involucra además supuestos agravios a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
”2.- Rubén de la Rosa Gómez, exsecretario Jurídico, quien además llevaba la Oficialía de Partes, desde donde, presuntamente, construía rutas judiciales a modo, para favorecer ‘al mejor postor’.
”3.- Rafael Pérez Xilotl, exdirector de Administración, sobre quien pesan, como titular de esa área, al menos anomalías por más de 200 millones de pesos, por presunto mal uso del presupuesto, cobros indebidos y adquisiciones simuladas.
Fuentes extremadamente confiables revelaron que Mónica Silva fue quien impuso a su marido a esos tres personajes. Dio la orden para que les pusieran en áreas clave. En especial a Pérez Xilotl quien, como escribió Álvaro Ramírez existe la presunción de un daño patrimonial de 200 millones de pesos.
Hay quien asegura que fue Mónica Silva quien realmente mandaba al interior del TSJ, quizá no de manera tan abierta, pero sí era quien pues eh… digamos que mangoneaba a su esposo para que hiciera lo que ella quisiera.
Ah y como dice el clásico “pero no sólo eso”, pues argumentan los consultados que se ha descubierto que Mónica Silva ha sido una de las personas que más información ha filtrado a medios de comunicación contra la administración estatal. Incluso señalan su parentesco familiar con algún columnista que tiene fama de pelearse con todo mundo, incluso con sus propios aliados.
Tampoco hay que olvidar que hubo un momento en el que se quiso usar la imagen de ella (caricaturizada) en publicidad o propaganda emitida por el propio TSJ. Una campaña que empezó mal y terminó peor.
La buena noticia es que ya comenzaron los primeros cambios en el TSJ, pues el viernes por la mañana, nos enteramos en el Twitter de Carlos Palafox Galeana, presidente del Consejo de la Judicatura, que el estacionamiento de Ciudad Judicial ya, por fin era gratuito.
Y aunque es un mensaje que aparentemente no representa mucho, es todo lo contrario, pues ahora los empleados del Tribunal Superior de Justicia no tendrán que pagar por trabajar. Un acto de justicia en el estricto sentido de la palabra justicia.
¿Se imaginan cuánto se han llevado a las bolsas los que cobran el estacionamiento? Cuántas personas entran y salen todos los días y lo peor: ¿a dónde iba a parar ese dinero recaudado?
Todos los ciudadanos tenemos que ir alguna vez —no por gusto, necesariamente— a la sede del Poder Judicial y tenemos que pagar nuestro espacio; por ello, la medida sí fue justa.
Seguramente a Mónica Silva no le pase absolutamente nada, pues ella disfrutará de su dieta como diputada local, verá cómo es perseguido su esposo desde la comodidad de su vivienda, dirá públicamente que coincide con los planteamientos de la “cuarta transformación” porque como bien lo dijo hace unos meses: ella no piensa pedir licencia a su puesto.
El tema del TSJ, sobre cómo se manejaba, es uno de los pendientes que está latente y la limpieza del Poder Judicial es uno de los grandes legados que dejó Miguel Barbosa.
Una reforma completa al Poder Judicial y el inicio de las pesquisas de muchísima corrupción que apenas se está dando a conocer.
