¿Qué se creerá o sentirá Eduardo Rivera Pérez para creer que puede usar a las instituciones estatales para pagar compromisos de campaña, disfrazados de concesiones? La pregunta viene a cuento porque eso precisamente realizó el alcalde de Puebla con las concesiones de basura, tanto de traslado como de confinamiento de residuos sólidos, en la que terminó por beneficiar a su amigo Eduardo Cué Pandal, a quien previamente ya había consentido con un cañonazo de contrato por asignación directa del barrido manual en la capital. El edil panista podrá jugarle al Tío Lolo, pero tanto en Casa Aguayo como en el Congreso del estado están enfurecidos porque quiere verles la cara. La administración estatal, por ejemplo, le tuvo que ayudar a cuadrar todo para que no hiciera el ridículo, ya que desde la visión de Rivera Pérez no había más opción que dar concesiones por 15 años. Cuando le explicaron que era técnica y financieramente un disparate, el panista no tuvo de otra que aceptar su torpeza. Fue entonces que una comisión intersecretarial estatal le amarró las manos para no atascarse con la cuchara grande. Con un documento impecable, técnicamente viable y libre de corrupción, el Congreso del estado se dio a la tarea de respaldar las concesiones, pero no se trataba de un cheque en blanco. Por unanimidad, los legisladores demandaron a Lalo Rivera que la asignación de las concesiones se realizara con total transparencia y se transmitiera en vivo la reunión donde se diera a conocer el fallo. Al alcalde le valió un cacahuate el exhorto (con tintes de exigencia) del Poder Legislativo. Ahora ya sabemos que el candidato balín del PAN hizo todo en una completa opacidad. La razón fue sencilla: Las concesiones tenían dedicatoria para pagar compromisos de su campaña en 2021. Lalo Rivera usó a las instituciones para avalar sus transas política y cree que se saldrá con la suya. Esto nos lleva a otra cosa: Si usted está interesado en apoyar financieramente al yunquista, tenga mucho cuidado porque es tan torpe que seguramente lo meterá en problemas en busca de devolverle el favor. ¿Lo duda? Vea usted a Eduardo Cué, quien no debe estar nada contento que su nombre sea asociado a tratos oscuros o corrupción.
GOLPE EN SAN PEDRO CHOLULA
Quienes se pusieron muy broncos en contra de la administración de Paola Angón Silva en San Pedro Cholula andan estupefactos, ya que desconocían la capacidad de la alcaldesa para hacer frente a las amenazas e intentonas de auténticos estafadores. A finales de noviembre, la Contraloría cholulteca suspendió a la regidora Beatriz Pérez Fragoso, una de las acérrimas opositoras en el Cabildo, debido a que la encontraron en un evidente conflicto de interés. Resulta que cabildante era, al mismo tiempo, regidora y trabajadora de base sindicalizada, adscrita a la Dirección de Ecología. Eso representa una flagrante violación al artículo 124, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que se procedió a separarla de su cargo. Como era evidente, doña Bety -que forma parte del grupito del impresentable exedil y regidor Alejandro Oaxaca Carreón se tiró al piso y denunció una vendetta política. El problema es que al presentar un amparo contra la medida, la justicia federal le negó la suspensión provisional para que pudiera reintegrarse al Cabildo, lo que confirmó que no había ninguna violación por parte de las autoridades municipales. La resolución fue un golpe demoledor contra los regidores opositores, quienes ya se enteraron que son vulnerables y que su locuaz revuelta puede ser exterminada dependiendo de cómo se pongan léperos. Por cierto, doña Bety tiene su comparecencia ante la Contraloría municipal este próximo 16 de diciembre y los momios no le dan muchos puntos a favor. Ya cayó la primera y entre los regidores sería bueno que pongan sus barbas a remojar. Lo anterior, porque presuntamente ocupó simultáneamente dos cargos, tanto como trabajadora de base, adscrita a la unidad de ecología, como de Regidora miembro del Cabildo. Beatriz Pérez ya fue notificada por incurrir en una falta administrativa y se le citó el día 16 de diciembre de 2022 para acudir a la audiencia de Ley, en el ejercicio de su derecho de defensa, en términos del artículo 208 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Según lo anterior, existen 3 conductas fuente de probable responsabilidad administrativa: la omisión de realizar declaración de interés, ya que evitó señalar la existencia de un posible conflicto de interés entre la presunta responsable y el Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, derivado de ocupar dos cargos públicos. Además de omitir el posible conflicto de interés entre la presunta responsable y el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, “Luis Cabrera”, ya que, actualmente ostenta la calidad de trabajadora de base sindicalizada y de patrón, por formar parte del Ayuntamiento. Asimismo por participar en una elección para ser considerada como miembro de la planilla de Regidores, y para participar en la elección municipal. Del mismo modo, ocupa actualmente dos cargos dentro de la administración pública municipal del ayuntamiento de San Pedro Cholula, consistentes en el puesto de base sindicalizada, adscrita formalmente a la unidad de ecología, y la Regiduría.
