Arturo González Perdomo fue detenido por agentes ministeriales en la colonia Villa Encantada, luego de una acusación por supuestamente haberse adueñado de bienes del estado, específicamente de unas canchas deportivas ubicadas sobre la unidad Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl, en el municipio de San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula, Puebla.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Arturo González fue detenido la tarde de este 1 de noviembre a las 13:50 horas en la calle 5ª Sur 5502, entre la diagonal de la 5B Sur.
Arturo González Perdomo no es cualquier persona, se trata de un empresario que fungió como administrador de las canchas de futbol de La Noria desde la época del exgobernador priista Mario Marín Torres.
También es a la fecha dueño del equipo de futbol femenil local “La Noria FC”, que entrena justamente en las mismas canchas deportivas en disputa ubicadas dentro de la ciudad de Puebla.
El conflicto inició luego de que el hoy detenido empezó a cobrar a los afiliados de su club, pese a tener el registro como sector amateur de la Federación Mexicana de Futbol.
En marzo de 2021, Arturo González inició un litigio contra la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Administración, a fin de que le fueran restituidas las canchas de futbol La Noria.
Presuntamente, el 27 de octubre de este año, un juez federal en materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y Juicios Orales le concedió la restitución de la propiedad que le entregó la Dirección de Muebles e Inmuebles del Instituto Poblano del Deporte.
En esa fecha se le ordenó a la dirección que encabeza Igor Emilio Ferrer a que en un plazo de 48 horas fuera restituida la propiedad y se realizaran los trámites correspondientes ante el Instituto Poblano del Deporte, para dar cumplimiento a la orden del juez.
No obstante, al cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE) no detalló si el motivo de la detención en contra de González Perdomo fue la apropiación de los espacios propiedad del gobierno estatal o por algún otro ilícito.
