El Congreso de Puebla declaró constitucional la reforma al Poder Judicial que generará una reestructuración a fondo del sistema de impartición de justicia de la entidad.
En sesión ordinaria del Pleno, la Mesa Directiva dio cuenta de la aprobación de la Minuta de Decreto enviada por el Congreso local a los 217 Ayuntamientos, de los cuales 190 la votaron a favor, con lo que se hizo la declaratoria de validez.
Lo interesante de esta declaratoria fue la forma en la que se llegó a ella. El cabildo de Puebla, por ejemplo, fue de los últimos en aprobar esta Minuta, ya que la avalaron el 21 de octubre y la enviaron esa misma tarde al Poder Legislativo local para que se sumaran a la declaratoria de validez.
En tanto, las Cholulas (San Andrés y San Pedro) de plano no aprobaron dichas modificaciones a la Constitución Política del Estado evidenciando sus conflictos internos, a pesar del apoyo institucional que les ha manifestado el gobernador Miguel Barbosa; y en el caso de Tecamachalco, quien dejó más que evidente la confrontación del grupo de Moisés Ignacio Mier Velazco con el gobierno estatal.
Durante la sesión del Pleno del Congreso, la Mesa Directiva dio cuenta de la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto de fecha 6 de octubre por el que se reforman varios artículos de la Constitución Política del Estado de Puebla, la cual fue aprobada por 190 cabildos hasta el 21 de octubre.
En el caso del municipio de San Pedro Cholula, la no votación de la Minuta de Decreto se dio luego de que el Cabildo le diera un cabildazo a la alcaldesa Paola Angón al negarle la emisión de permisos, lo que evidenció que tiene a sus regidores en contra.
Con San Andrés Cholula, gobernado por el panista Edmundo Tlatehui Percino, la negativa de votar la reforma al Poder Judicial pudiera responder a una orden política de su partido.
En el caso de Tecamachalco, la omisión de la votación de esta reforma se entiende por el conflicto abierto que tiene el grupo político del diputado Ignacio Mier Velazco con el gobernador Barbosa Huerta, por lo que su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, evitó que esta reforma pasara por su cabildo.
El Congreso local entrará en un proceso en el que tendrá 120 días para expedir las leyes secundarias que le den forma a cada uno de los órganos que componen el Poder Judicial de la entidad.
