Como parte del proceso que se sigue contra Fernando Alberto Crisanto, excoordinador General de Comunicación y Agenda Digital, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso a Alejandra Gabriela N. por haber autorizado un presunto pago ilegal por más de un millón 800 mil pesos durante el gobierno interino bajo el cargo de titular de la Unidad de Enlace Administrativo de esa dependencia.
La Fiscalía de Puebla reveló que el pago habría autorizado mediante adjudicación directa de forma irregular, por lo que de ahora en adelante será procesada por el delito de abuso de autoridad.
Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, departamento que detectó que Alejandra Gabriela N. realizó el pago de 1.8 millones de pesos entre febrero y julio del año 2019, durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, aunque se trataba de una funcionaria incrustada desde el morenovallismo.
Durante la audiencia inicial, la persona Agente del Ministerio Público sustentó datos de prueba que derivaron en la vinculación a proceso de la excolaboradora de Fernando Crisanto, a quien le fue impuesta por parte de un Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, en tanto se dirime el lapso de la investigación complementaria.
De acuerdo con lo publicado por el periodista Ignacio Juárez, la Fiscalía también sigue el rastro a Fernando Crisanto, quien era cercano al exmandatario Rafael Moreno Valle y al exsecretario de Gobernación estatal, Fernando Manzanilla.
En contra de Crisanto también fue girada una orden de aprehensión por irregularidades que presuntamente cometió en asignación de contratos y la falta de comprobación en la asignación de ingresos, por lo que se presume se encuentra prófugo de la justicia, ya que dejó de acudir a sus oficinas y abandonó los medios de comunicación a su cargo.
Sobre Crisanto también pesan señalamientos por haber favorecido con contratos que suman 342 mil 400 pesos, a las empresas Proyectistas, Desarrolladores y Urbanistas Arezzo; así como Consultores Comerciales y Administrativos La Noria, las cuales son propiedad de Florentino Tavera, un presunto prestanombres que es investigado por lavado de dinero y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.
En el caso de la excolaboradora de Fernando Crisanto, Alejandra Gabriela N., su historial se remonta al año 2011, cuando ocupó un cargo en la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal y un año después fue trasladada a la Dirección de Comunicación Social, cuyo director era Sergio Ramírez.
En 2013, cuando se fusionaron la Dirección General de Comunicación Social con Puebla Comunicaciones, ésta última llamada antes Sicom, Alejandra Gabriela se ocupó de operar todos los contratos de publicidad con medios de comunicación.
Ante la salida de Sergio Ramírez como director de Comunicación Social, Crisanto ocupó su lugar y fue entonces que trabajó de la mano con Alejandra Gabriela, al menos hasta febrero de 2015, cuando fue cesado del cargo.
Tras una serie de movimientos de área, en 2016 Alejandra Gabriela ocupó el cargo de directora Administrativa de Puebla Comunicaciones y a la llegada del gobierno interino, en 2019, trabajó nuevamente con Crisanto dentro de la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital, dependencia donde la Fiscalía detectó que en ese año cometió el presunto delito de abuso de autoridad por el pago de 1.8 millones de pesos.
Hasta el día de su captura, Alejandra Gabriela N. trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula con Edmundo Tlatehui, supuestamente por intervención de Fernando Crisanto, como reveló Ignacio Juárez en las páginas de este medio de comunicación.
