La inexistencia de información sobre presupuestos para conocer en qué se ocupan los más de 563 mil pesos que se recaudan mensualmente, discrepancias entre ingresos cobrados y declarados, la falta de deducibilidad de sueldos y salarios, así como la contratación de empresas cuyos contratos son inexistentes y sus domicilios fiscales no corresponden a sus giros, son más de las anomalías detectadas en una auditoría realizada al Condominio Vecinos Estrellas del Sur A.C., administrada por el presidente de la mesa directiva Jaime Cilserio Toríz Álvarez.
La extensa auditoría contratada por los vecinos del fraccionamiento para evidenciar las peripecias del administrador Toriz Álvarez, develó una serie de anomalías detectadas tan sólo en el ejercicio fiscal 2020, mientras que en los años posteriores los inconformes han documentado desde la apropiación de áreas verdes por parte de vecinos que han mostrado títulos de propiedad que carecen de validez, hasta la construcción de un edificio con 32 departamentos que pretende venderse sin los permisos y licencias pertinentes.
La auditoría independiente elaborada por el contador Rodolfo Hernández Sotelo, evidenció diversas irregularidades que podrían ser motivo de sanciones económicas, administrativas y jurídicas.
Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2020, se detectó que no existen reservas ni saldos para el mantenimiento del patrimonio del fraccionamiento, tampoco información sobre presupuestos para que los vecinos conozcan cuánto dinero se dejó como reserva y cuánto es el de las cuotas del año. Asimismo, tampoco hay reportes de la inversión de los remanentes.
El documento señala también que se entregó en junio de 2020, un préstamo de 20 mil pesos a la ciudadana María Jacqueline Ávila, con dinero proveniente de la asociación civil Estrellas del Sur sin que el monto fuera reintegrado.
Esta persona, a decir de los vecinos inconformes, fue contratada en 2019 para ser la gerente Administrativa y secretaria particular de Jaime Toriz, pero no hubo de por medio una autorización de la asamblea para ungirla y aun así se le aprobó que percibiera un sueldo de aproximadamente 40 mil pesos mensuales.
En 2021, Jacqueline Ávila fue liquidada con 90 mil pesos debido a que el periodo de la mesa directiva concluyó, no obstante, sin haberse convocado a una asamblea para definir a una nueva administración, sigue ostentando el cargo y percibiendo un salario.
Por otro lado, el documento da cuenta que al revisar ingresos cobrados, ingresos facturados e ingresos declarados, existe una discrepancia por 3 millones 946 mil 542 pesos, en tanto que no hay deducibilidad de 469 mil 630 pesos por concepto de sueldos y salarios, debido a que no existen comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto.
EMPRESAS BAJO SOSPECHA
En cuanto al servicio de vigilancia, detalla la auditoría que contrataron a la empresa Seguridad y Protección Industrial y Ejecutiva S.A de C.V, pero el contrato de prestación de servicios había concluido desde el 17 de marzo de 2016 y aun así al año recibía un millón 913 mil 916 pesos, es decir, el 60 por ciento de las erogaciones anuales en el fraccionamiento.
Referente a la adquisición de cámaras de vigilancia, Jaime Toriz pagó la cantidad de 332 mil 849 pesos a un sujeto llamado Víctor Hugo Galicia Ortega. Sin embargo, en la visita al cliente no fue localizado su domicilio: se trataba de una casa particular que carece de un local comercial, además de que también carecía de un contrato firmado.
En esta trama aparecen también los proveedores de construcción Urbalhia Desarrollo Integral S de RL de CV, beneficiada con 630 mil 289 pesos, y Cormul SA de CV con 31 mil 462 pesos, firmas que no cuentan con contratos de las obras realizadas, por lo que no fue posible identificar los trabajos a los que se comprometieron, los tiempos de entrega, montos, entre otros aspectos.
En el caso de Urbalhia Desarrollo Integral, se mandó a pedir el registro patronal ante el IMSS, pero esta no había sido dada de alta y nunca había tenido trabajadores, mientras que una constancia de la Secretaría de Hacienda señala que no tiene activada la obligación del Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios (esta no se activa cuando no existen trabajadores).
La situación es peor: aunque la firma fue contratada para servicios de construcción, en realidad se dedica al giro de la venta de muebles, según una búsqueda en internet, aunque al apersonarse en el domicilio fiscal, se encontró a una comercializadora de productos agrícolas y bombas llamada Comercializadora Bretón.
En cuanto a la compañía Cormul, tiene el mismo supuesto: nunca ha tenido trabajadores registrados ante el IMSS, no tiene contrato por trabajos realizados en el fraccionamiento, los pagos se le hicieron en efectivo y en la verificación al domicilio no se encontró ninguna empresa de la construcción, sino a una llamada “Asesoría Integral” que se dedica a rentar oficinas.
Las obras de construcción realizadas por Cormul tampoco fueron registradas ante el IMSS, a pesar de que así lo dicta el artículo 12 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, documento que especifica, deben anotar tipo de obra, ubicación y trabajos a realizar.
Aunado a lo anterior, Estrellas del Sur A.C contrató a la empresa Grupo Reyes & Oca S de RL de CV denominado Housing México para la supervisión de obras en el fraccionamiento junto con la mesa directiva o comité de vigilancia, pero nunca realizaron los reportes de peritaje de obra.
La auditoría expone que Jaime Toriz ejerció 4.5 millones de pesos durante 2019 para diversos gastos como vigilancia, insumos de mantenimiento, papelería y artículos de oficina, gastos para control de acceso, cuotas y suscripciones, entre otros rubros, mientras que en 2020 se erogaron 4.9 millones de pesos para los mismos servicios, el equivalente a un incremento del gasto del 9.16 por ciento.
