El gobierno del estado investigará a las empresas prestamistas que operan bajo el esquema de “gota a gota” y que presuntamente emplean a migrantes para delinquir en el estado, como fue denunciado en los Guacamaya Leaks.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó que se inicie una investigación sobre los documentos que fueron filtrados por hackers y que involucran a cuatro empresas que se ubican en el estado y que dan préstamos en efectivo.
“He ordenado ya una investigación de las empresas a ver si tienen domicilio en Puebla, quiénes son las gentes que integran sus consejos directivos, sus accionistas, cómo funcionan, qué acciones han tenido, vamos a ver”, indicó.
El mandatario recriminó que esa información obtenida por el área de inteligencia del gobierno federal no haya sido compartida a su gobierno, pues de haberlo hecho, se hubieran detenido de manera inmediata a los presuntos delincuentes.
“Si yo hubiera conocido muchas de esas cosas que han dicho en esos archivos, nosotros los hubiéramos detenido, porque investigas y tomas acciones, no para tenerlas, ni para hacer el gran archivo de inteligencia”, criticó Miguel Barbosa.
El mandatario se refirió a los archivos que supuestamente fueron hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, dijo que aún falta que la propia dependencia corrobore la veracidad de los mismos.
Reiteró que si el gobierno del estado hubiera tenido conocimiento de esos archivos, se hubiera procedido a la detención de los responsables, pues las áreas de inteligencia deben servir para que un gobierno tome decisiones y acciones al respecto.
En ese sentido, reprochó que el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), que sustituyó al CISEN, no colabore con los gobiernos acercándoles información para tomar decisiones sobre las labores de inteligencia que lleva a cabo en todo el país.
Inclusive, el titular del Ejecutivo del estado reprochó que en los tres años que lleva como gobernador del estado, nunca ha recibido información de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional que permita la toma de decisiones en materia de seguridad en el estado.
“El gobierno del estado no ha recibido de CNI nada, nunca en los tres años que llevo de aportaciones de inteligencia, lo digo, y si eso, que no ha sido corroborado, es auténtico como información de inteligencia militar, yo nada más les digo que no lo conocíamos nosotros, porque si lo hubiéramos conocido nosotros, hubiéramos detenido a esos; no hubiéramos esperado que estuvieran haciendo cosas y nada más sabiendo que si las hacen o no las hacen, no, los hubiéramos detenidos nosotros”, puntualizó.
El Sol de Puebla publicó información respecto a las cuatro empresas que ubicó la Sedena mediante labores de inteligencia, las cuales supuestamente utilizaban a migrantes para extorsionar a las personas que tenían adeudos por préstamos adquiridos con las compañías.
Dicha información fue filtrada por hackers que pertenecen a la organización que se hace llamar Guacamaya Leaks, y supuestamente está en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional. En septiembre la organización filtró información de seguridad nacional, incluida la relacionada con el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los migrantes que estaban en dichas compañías poblanas provenían de naciones como Colombia y Venezuela y estaban asignados a actividades delictivas como narcomenudeo, cobro de piso y extorsión contra las personas que tenían préstamos pendientes con los prestamistas.
Estas presuntas actividades ilícitas fueron ubicadas en los municipios de Puebla capital, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tecamachalco, Zinacatepec, Ajalpan, Altepexi, Teziutlán, Ahuateno, Chignautla, Atempan, Yaonáhuac e Izúcar de Matamoros.
